Editorial

Violencia escolar, drama que crece

El aumento de situaciones violentas en el seno de las escuelas es alarmante pero no debería sorprender: más allá de la recuperación económica que se registra, años de exclusión y crisis han deteriorado profundamente el tejido social. El Estado no puede esperar mejorías milagrosas y debe estar atento para actuar con celeridad y eficiencia.

Una impensada masacre fue la gran señal de alerta de que algo estaba cambiando y para mal en las aulas argentinas. El desastre ocurrió en la ciudad bonaerense de Carmen de Patagones, donde el 28 de septiembre de 2004 un adolescente de quince años se adueñó del arma de su padre gendarme para disparar contra sus compañeros de curso: mató a tres. Pero lo que se produjo en Rosario y su zona de influencia en el transcurso de los últimos días no se halla signado por los rasgos de una patología individual: los reiterados hechos de violencia que se han sucedido en instituciones educativas son apenas la punta del iceberg social. Debajo del agua se esconde lo más grave: el indudable y patético fruto de años de exclusión, crisis económica y caída a pique de la educación pública.

Alumnos que portan armas, padres y madres que se enfurecen y agreden a los docentes, luchas a golpes de puño y hasta con cuchillos, robos en plena clase: he allí el dramático panorama del cual han dado cuenta los medios de prensa y que ayer sumó un nuevo dato preocupante, cual es que en la delegación local del Ministerio de Educación se denuncian cuatro casos de violencia escolar por día. Pero no sólo eso: ese número ha crecido cualitativamente en los últimos años, al punto de haberse duplicado.

El coordinador del Servicio SOS Escuela, Fernando Tavella, pintó con crudeza lo que sucede: "Ya no son chicos que se pelean y se pegan sino que ahora también tenemos palazos, cadenazos y hasta pibes con armas". El incremento de la agresividad no se ha visto compensado por el refuerzo del número de profesionales ni de proyectos destinados a abordar los múltiples y cada vez más imprevisibles conflictos. Los números resultan contundentes: para ochocientos establecimientos educacionales de la Regional VI hay sólo cuatro psicólogos, tres trabajadores sociales y dos profesores capacitados en niños con riesgo social. Los tres especialistas que aporta el Programa Nacional de Inclusión Educativa no alcanzan para modificar el diagnóstico: la estructura es paupérrima si se mide la dimensión del problema con el cual debe lidiar.

Más allá de que el país experimenta una recuperación económica asombrosa, los daños sufridos por la sociedad en períodos de disgregación, insolidaridad e individualismo han sido demasiados y se reflejan con precisión en el deterioro de la convivencia de la comunidad escolar. Sólo de una cosa puede tenerse certeza: no es posible aguardar milagros para el futuro inmediato. La situación actual es hija de décadas en las cuales se mezclaron el autoritarismo más cerril con modelos económicos que hicieron mucho daño, también y tristemente implementados en democracia. Remontar la cuesta será un proceso prolongado y duro, y el Estado deberá estar atento para intervenir con la urgencia y eficacia que se requiere.