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 jueves, 03 de noviembre de 2005  
Editorial
Preocupante clima de violencia

Los hechos registrados en la últimas horas en una estación ferroviaria y en un municipio bonaerenses deben alertar al poder público para actuar, en el marco de la ley, en la contención de los desbordes. El inminente inicio de la Cumbre de las Américas no debe empañarse. Las protestas deben tolerarse, pero no los desmanes irracionales.

Mal pronóstico. Este es el diagnóstico y predicción posible de formular si los hechos de violencia ocurridos en las últimas 48 horas no son contenidos con firmeza. La firmeza no es sinónimo de represión ni de violación de la ley, sino la acción del poder público para evitar los desbordes que terminan con personas heridas, detenidas y daños en propiedades del Estado nacional.

El estallido de furia en la estación de trenes de Haedo, en el Gran Buenos Aires, se salió de cauce cuando la gente comenzó a incendiar vagones, arrojar piedras y saquear comercios. Las dudas de que grupos marginales aprovecharon la bronca espontánea por la interrupción de un servicio ferroviario siempre está presente y fue el primer argumento que utilizó el gobierno para explicar lo sucedido. Tal vez no aclaró por qué todos los días miles y miles de bonaerenses son sometidos a la indignidad de utilizar un servicio público en pésimo estado y con un deficiente funcionamiento. La empresa TBA tiene la concesión de ese ramal, pero las máquinas y vagones pertenecen al Estado, que fue incapaz -hasta ahora- de poner fin a los abusos y a la violencia moral que sufren los pasajeros.

Cuando todavía el fuego no se había apagado, otro foco de violencia -enancado en una situación distinta- se produjo en la Municipalidad de Avellaneda. Heridos de bala y vehículos incendiados siguieron a un reclamo de aumento salarial. La comuna local atribuyó la alta temperatura del conflicto a una interna gremial.

Sin embargo, nada de esto puede -con razón o sin ella- ser descontextualizado de la Cumbre de las Américas que mañana se inaugura oficialmente en Mar del Plata con la asistencia de mandatarios de todo el continente, George W. Bush incluido.

Si el brote violento de las últimas horas tiene, efectivamente, alguna connotación política en vísperas del acontecimiento hemisférico, es de suponer que en la ciudad balnearia se producirán dificultades para contener a los miles de manifestantes que acudirán a repudiar, principalmente, al presidente de los Estados Unidos. La Argentina democrática y civilizada no puede permitir que un encuentro internacional de esa importancia se vea empañado por hechos de violencia. El gobierno debe tolerar el disenso, permitir la libre expresión de los opositores y sus actos públicos, pero no la generalización de desmanes e ilícitos. Eso no significa reprimir brutalmente a la gente, algo que algunos integrantes de las fuerzas de seguridad tienen incorporado como lamentable resabio del militarismo que durante décadas sufrió el país. En otras cumbres mundiales grupos opuestos a la globalización protagonizaron desórdenes que, en todos los casos, fueron superados con profesionalismo y la aplicación de la ley.

El país comenzará hoy a vivir horas de tensión y, por eso, los poderes públicos deben tener la atención y rapidez necesarias para abortar cualquier intento de violencia. La recuperación económica y social que se viene registrando lentamente desde hace un par de años tras el colapso del 2001 no puede ser puesta en peligro.
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