Cosas sin cerrar. Más rarezas en la causa del homicidio del suboficial Orlando Martínez

Una fiscal debe decir si hubo ilícitos en la pesquisa del crimen de un sargento

En la actuación policial aparecen gruesas anomalías: actas contradictorias, testigos que aseguran no haber visto lo que les atribuyen y la golpiza a un imputado. Un juez pidió que estos hechos se investiguen aparte

Hernán Lascano / La Capital

Las anormalidades que distinguen la actuación policial en el caso del asesinato del sargento Orlando Martínez son tan abrumadoras que un juez acaba de pedir a una fiscal que impulse la apertura de una causa para investigar tales situaciones como delitos penales. Documentos policiales sobre el suceso colmados de irregularidades, testigos que aseguran no haber visto nada de lo que ocurrió, contradicciones en la actuación previa de empleados que vieron morir a su colega y agresiones físicas presuntas contra un menor imputado por el caso son algunos de los rasgos de una pesquisa llena de oscuridades.

La investigación de la muerte de Martínez está desdoblada porque entre los detenidos hay un menor de edad. Una parte la lleva la jueza de Instrucción Nº 6, Raquel Cosgaya, que tiene a cargo el detenido mayor, Pablo Américo Figueroa. La otra la conduce el juez de Menores Nº 2, Juan Leandro Artigas, que tutela a Heraldo V, el adolescente de 16 años coimputado en el homicidio.

El juez Artigas identificó y detalló una secuencia de irregularidades adjudicables a la policía a lo largo de todo el caso. Y le pidió a la fiscal Adriana Camporini que dictamine si estos ilícitos presuntos deben ser investigados en los Tribunales como causas autónomas.

Martínez fue asesinado al mediodía del 4 de febrero pasado en Bielsa y Felipe Moré, en barrio Ludueña, herido por un balazo que le atravesó la axila izquierda sin tocar el chaleco antibalas. Como autores fueron señalados dos jóvenes que le dispararon desde una bicicleta. Heraldo V. fue detenido inmediatamente. El mayor, Pablo Américo Figueroa, se presentó en Tribunales unos días más tarde al advertir que lo buscaban para imputarle el hecho.

Toda la actuación, ahora, está en un cono de sombras. Los elementos para acusar a los jóvenes están atiborrados de vicios. Lo mismo que tramos importantes de la pesquisa.

El acta de detención donde se documenta el arresto del menor todavía detenido no fue enviada al tribunal interviniente sino tardíamente, más de dos meses después del hecho, por circunstancias nunca explicadas que originaron un reclamo del juez Artigas.

El documento policial sobre la muerte de Martínez no se hizo en el lugar donde ocurrió el homicidio, lo que implica una limitación geográfica y técnica para la investigación. Tampoco la confeccionó la autoridad que efectuó la comunicación de lo ocurrido al juez competente. El empleado que elaboró el acta fue un oficial principal de la Patrulla Urbana, de apellido Iriarte, que describió circunstancias del hecho, tiempo y modo sin estar en la escena del crimen.

Respecto del arresto del adolescente imputado, Iriarte señaló que los detalles de esa acción estaban suficientemente documentados en un acta de detención. Pero no indicó la identidad del que confeccionó ese documento. A Iriarte le preguntaron en Tribunales, entonces, sobre el acta. Contestó que la hizo en la comisaría 12ª porque cuando llegó a Bielsa y Felipe Moré, donde Martínez recibió el balazo, los elementos de prueba habían sido levantados de allí. Le replicaron que contestara entonces cómo había sido el arresto del menor. Repuso que no sabía: nunca tuvo a la vista el acta de detención e ignoraba cómo se concretó.

Más desconcertante aún es que los que aparecen en el acta como testigos de la detención del adolescente cuando fueron a Tribunales plantearon no tener idea cómo había sido el arresto. "No leí el acta, me invitó un policía a firmarla", señaló Daniel Currao, uno de ellos. En ese papel policial se detalla la fisonomía y la vestimenta del detenido. "No dije nada de lo que hay ahí. En ningún momento puedo decir si tenía o no tatuaje o cicatrices porque no lo vi. Tampoco puedo dar precisiones de la vestimenta porque no las tengo presentes", añadió.

El otro testigo de lo que no vio es Juan Carlos Romero. "La policía fue la que me dijo que no iba a ser testigo y no me iban a llamar del tribunal. Repito que nunca vi nada, ni al chico ni la detención ni los efectos secuestrados ni nada, ni leí lo que firmé...", contó ante el juez.


Un patrullero, dos destinos
Uno de los vehículos que estuvo en el lugar donde murió Martínez es el móvil 2932 de la Patrulla Urbana. De acuerdo a la hoja de ruta de esa sección, el día del hecho, a las 11.50, los policías Darío Cervasio y Adrián Hernández llevaron a "dos masculinos" para averiguación de captura desde Gorriti y Pasco hasta la comisaría 20ª.

Lo significativo es que en la hoja 192 del libro de guardia de la seccional 20ª, el mismo día a las 11.36 aparece un operativo del mismo móvil, el 2932 de la Patrulla Urbana, a cargo de un "oficial Cardozo", llevando para averiguación de captura a dos personas, José Vollena y Omar Ariel Giménez.

¿Quién estaba, entonces, a cargo de la patrulla 2932? ¿Los policías que fueron testigos de la muerte de Martínez o el aludido oficial Cardozo? En Tribunales citaron a los dos policías de apellido Cardozo de la Unidad Regional II para dilucidarlo. El primero, el oficial Luis Alberto Cardozo, dijo que ese día estaba trabajando en la comisaría 5ª y que jamás trabajó en la Patrulla Urbana. El otro que sí se desempeña allí, cabo Daniel Aníbal Cardozo, dijo que hacía cuatro días que estaba de vacaciones cuando Martínez fue asesinado.

Se presume, en definitiva, una contradicción sustancial entre el acta de la Patrulla Urbana y el libro de guardia de la comisaría 20ª respecto de lo ocurrido con el móvil 2932 instantes antes del fatal ataque al sargento.

En los careos realizados en Tribunales, Heraldo V. indicó haber sufrido agresiones físicas por parte de personal policial. El adolescente fue llevado al juzgado por primera vez con la cara descompuesta en hematomas. Dos médicas de apellidos Martínez y Vega en informes forenses, según el tribunal, autorizan a darle entidad a los dichos del joven. Por eso el juez pidió a la fiscal Camporini que defina si también aquí corresponde abrir una causa penal contra empleados de la fuerza.

La reconstrucción del crimen se hizo el 26 de abril pasado.