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 domingo, 08 de mayo de 2005  
candi
Charlas en el Café del Bajo
-La jueza del Tribunal Oral Federal de Rosario, Laura Cosidoy, como todos saben, dijo que hay policías corruptos que trafican droga. Y además sostuvo que el poder político poco hace al respecto. Creo que incluso al hacer declaraciones al canal de televisión Todo Noticias fue más contundente. -"Se cobra por favorecer. Pero también hay funcionarios policiales que no sólo cobran una cuota a cambio de protección sino que les dan a los traficantes su propia droga, que son remanentes o retazos de los procedimientos, para que las vendan en su beneficio", dijo la magistrada.

-Fue muy contundente su declaración y la verdad es que debemos decir que es plausible que una jueza salga a denunciar tales hechos. Sin embargo, como soy un ignorante en materia de investigación judicial y no sé exactamente cuáles son, o al menos cuáles deberían ser, los caminos ante una realidad tan tremenda, lo primero que deseo preguntar es lo siguiente: si alguien hace una declaración a los medios de estas características es porque tiene elementos contundentes y seguramente hasta sospecha de personas, con nombres y apellidos, involucradas en semejante delito. Pregunto: a los efectos de una investigación prolija y que coadyuve a resultados positivos, ¿no es más apropiado brindar los detalles del caso a los jueces federales encargados de la investigación antes que salir con estas declaraciones? Porque me imagino que los policías que están involucrados en el tráfico de drogas, si los hay, ya están preparando todo a esta altura para no quedar pegados.

-Bueno, pero a lo mejor esto ya se hizo oportunamente y ya están todas las pruebas reunidas.

-Si es así, y para no dejar mal parada a toda la institución policial e incluso al propio gobierno de la provincia, ya que se informa a la población de semejante delito, que se den a conocer los nombres de los involucrados. De lo contrario, sino hay investigación realizada, sino hay nombres, me parece a mí que una denuncia pública de semejante calibre pierde seriedad.

-Bueno, ni lerdo ni perezoso el ministro de Gobierno de la provincia le pidió pruebas a la jueza Cosidoy.

-Y cualquier policía honesto, que los hay, estaría en todo su derecho también de presentarse ante la justicia y pedir aclaraciones sobre la denuncia pública efectuada por la magistrada.

-Ahora que recuerdo... ¿hace muchos años la doctora Cosidoy no investigó profundamente a un grupo de policías, oficiales de alto rango, por presuntos delitos vinculados con drogas?

-Claro. Cuando la causa llegó a la Cámara de Apelaciones, en aquel entonces, todos fueron absueltos. Nada se pudo probar.

-¡Ah, nada se pudo probar! De todos modos, y como bien dice el ministro Rosúa, no se pone en duda la veracidad de lo que dice la jueza, pero que se aclare bien la cosa: la policía de la provincia de Santa Fe, puntualmente Drogas Peligrosas, "interviene solamente con el visto bueno de la Justicia federal" y el resto de la policía ni interviene. Y a lo expresado por Rosúa me permito añadir algo más: ningún juez de la provincia tiene facultades para intervenir en un caso de drogas. Creo que es halagüeño que un magistrado se preocupe por combatir el narcotráfico, pero creo también que hablar en general no parece ser el camino que ayude a las instituciones de la República, especialmente cuando por diversos motivos están debilitadas y cuando, por otra parte, no todo es irrecuperable en las mismas.

-Además aquí se plantean otras cuestiones. Por un lado sabemos que el narcotráfico es un delito federal, pero si un policía incurre en este delito el mismo conlleva otros, por ejemplo, incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otros. De manera que algún juez de la Justicia provincial debería abrir causas para que se investigue a fondo todo esto, se conozcan los nombres de los autores de estos crímenes de manera de posibilitar al Estado provincial la exoneración de estos execrables funcionarios policiales. ¿Habrá algún juez o fiscal de la provincia decidido a actuar o se borrarán?

-Seguramente, y como lo reclamó el ministro Rosúa, la misma jueza Cosidoy brindará a las autoridades las pertinentes informaciones.

Candi II

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