La suprema injusticia

Muchos argentinos asistimos impávidos a decisiones políticas que vulneran el más elemental principio constitucional, cual es el de otorgar a aquellos ciudadanos que tienen las mismas posibilidades, idénticos derechos. Por ejemplo actualmente ex miembros de la Corte Suprema de Justicia y funcionarios del Poder Judicial, quienes debieran ser nuestros máximos referentes éticos, perciben un haber jubilatorio varias veces superior al de aquellos que tuvimos la oportunidad de efectuar los mismos o aun mayores aportes previsionales pero que fueron cercenados drásticamente por el Estado. Además el Poder Judicial, con sueldos comparativamente muy elevados, tampoco sufre descuentos por el impuesto a las ganancias, que sí lo soporta el resto de la sociedad. Como si para ser honesto hiciese falta la intangibilidad de los sueldos. En ese caso igual criterio debiera aplicarse para el resto de las profesiones. ¿Y por qué debe aceptarse que unos pocos privilegiados se jubilen con el 80 por ciento móvil de su último sueldo cuando la ley estipula que será el promedio de los últimos 120 meses de aportes lo que representa, en muchos casos, poco más del 40 por ciento de ese promedio, resultando haberes jubilatorios hasta diez veces inferior al del profesional en actividad? Deben entender nuestros gobernantes de una vez por todas que esto también es discriminación, en el más estricto sentido de la palabra, y que un país verdaderamente democrático es aquel en el cual las leyes alcanzan a todos los ciudadanos por igual.

DNI 4.995.455