Ampliación de indagatoria a presos y excarcelados

Será en febrero, por presunta asociación ilícita en varios casos. La Cámara Federal, en tanto, liberó a 3 procesados

Javier Felcaro / La Capital

A escasas horas de que la Cámara Federal de Rosario ordenara excarcelar a otros tres procesados en la causa Feced, que engloba la represión ilegal en el sur santafesino durante la última dictadura militar, el juez subrogante Carlos Vera Barros dispuso ayer la ampliación de indagatoria a todos los encartados en este voluminoso expediente y en el que investiga graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en San Lorenzo.

Los camaristas Carlos Carrillo, Jaime Belfer, Hugo del Pozo y Edgardo Bello resolvieron excarcelar a José (Archi) Scortecchini y Ramón Vergara, integrantes de la patota de Feced procesados por secuestros y tormentos, y del coronel retirado Carlos Ramírez, el ex jefe de la policía provincial (con arresto domiciliario en la Capital Federal) que había sido encartado por más de cien delitos.

Entendieron que el mínimo de la escala penal para las imputaciones recibidas determinaba que no correspondía la detención, mientras que su par Guillermo Toledo optó por aplicar la ley vigente al momento de cometerse los delitos.

Vera Barros les impuso a Scortecchini, Vergara y Ramírez una caución real de 50 mil pesos para poder recuperar la libertad. Aunque la defensa ya solicitó la reducción de la fianza.

Paralelamente, el magistrado decidió la ampliación de indagatoria a todos los procesados en la causa Feced y en la que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en San Lorenzo.

Respecto del primer expediente, Vera Barros tuvo en cuenta la prueba surgida de nuevos casos y testigos presentados en forma espontánea o patrocinados por el Equipo Jurídico de Derechos Humanos (como el de Graciela Borda, sobrina del ex comandante de Gendarmería Agustín Feced).

Sobre la causa San Lorenzo, la resolución se sustenta en el pedido de imputación de los delitos asociación ilícita y genocidio presentado en agosto pasado por los abogados Ana Figueroa y Gustavo Feldman. Y también en el dictamen del fiscal federal Francisco Sosa que, con fecha 19 de octubre, hizo lugar a la solicitud de los querellantes.

Por lo tanto, la reanudación de la actividad judicial en febrero próximo (la feria comienza el lunes) promete un nuevo desfile de procesados por los Tribunales de bulevar Oroño al 900.

El magistrado apuntó tanto a aquellos que siguen presos (el ex policía José Lo Fiego, el Ciego) como a quienes fueron liberados (su par Mario Marcote, el Cura ). Lo mismo ocurrirá con los excarcelados Pedro Pili Rodríguez (suspendido concejal sanlorencino), el ex teniente coronel Rubén Cervera, el ex capitán Horacio Maderna y Ramírez.

Cumplida la ampliación de indagatoria, Vera Barros estará en condiciones de resolver si les endilga o no la figura de asociación ilícita. De ser así, quienes quedaron libres en su momento volverán a prisión.

"Hay motivos suficientes para sospechar que los procesados en ambos expedientes incurrieron en el delito de asociación ilícita para cometer un genocidio", consideró Feldman.

El letrado habló de una eventual "decisión judicial histórica, porque sería la primera vez que un tribunal argentino imputa alguno de los cargos contenidos en la Convención de Prevención y Contra el Delito de Genocidio".

También dijo que "es razonable que el juez haya adoptado esta metodología de citación ya que, teóricamente, ninguno de los procesados, incluso los incorrectamente excarcelados, pueden abandonar el país".

Previamente, y en el marco del escrache a la Cámara (ver aparte), la abogada Ana Oberlin (Hijos) había recordado: "Siempre reclamamos la imputación por asociación ilícita, un delito no excarcelable y el que, de hecho, perpetraron".

El juez Vera Barros apuró una batería de medidas.