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 domingo, 12 de septiembre de 2004

Piden informes sobre las obras en La Picasa

Con el objeto de obtener informaciones oficiales sobre hechos acaecidos recientemente, que indican inconvenientes en la ejecución de las obras de saneamiento de la laguna La Picasa, el diputado nacional del radicalismo Alberto Beccani presentó un proyecto de resolución en la Cámara baja, acompañado por sus pares santafesinos. "De confirmarse la información que se solicita, se podría coincidir en que estamos frente a importantes obstáculos en la ejecución de las obras", explicó el legislador.

Beccani pretende conocer el estado actual de los procesos de expropiación de campos cuyas superficies deben integrar las obras, como también saber cuáles son las condiciones de expropiación y si se encuentra definida con exactitud la cantidad de hectáreas a expropiar. Además existe preocupación sobre si las obras se han paralizado -lo que llevó al personal de la empresa concesionaria a cortar la ruta- y a exigir un resarcimiento por parte de esta última.

Si bien las obras ya comenzaron no se han concluido las gestiones con los propietarios de los campos acerca de las condiciones de las expropiaciones y no se encuentra aún definida la liberación de las trazas. "Queremos saber la versión del gobierno nacional de los hechos y controlar que se den los pasos correctos", reconoció Beccani y agregó que "esta es una obra que es trascendental para una vasta región que sufrió con el desborde de la Picasa y que demasiados problemas causó en la vida cotidiana y la economía regional de muchos santafecinos".

El legislador pidió en el proyecto que también se aclare cuál es la autoridad competente para la realización de las correspondientes mensuras y si a la fecha se encuentran definidas las trazas. "Esto es fundamental para el desarrollo de la obra. La duda que nos queda es que si no se hizo así, de qué modo se establecieron las condiciones de licitación. Son todos interrogantes que merecen una respuesta clara", indicó.

Entre otras consideraciones analizadas, resalta aquella que traza la presunción de que se haya habilitado a la empresa concesionaria a realizar la mensura de los campos para determinar el costo de cada una de las expropiaciones, al tiempo que se reclama que la decisión acerca de la cantidad de hectáreas a expropiar quede en manos de las autoridades públicas que participan de la ejecución de las obras.

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