"Los radares en las rutas se usan con fines recaudatorios y no para prevenir"

Radares: el defensor adjunto del Pueblo apuntó contra los municipios

Ciccarelli reveló que en lo que va del mes ya recibieron 165 denuncias por multas mal confeccionadas

En los primeros 23 días de 2004 la delegación Rosario de la Defensoría del Pueblo de la Provincia recibió 865 quejas y pedidos de asesoramiento en distintos rubros. Pero hay dos áreas que están a la cabeza de los reclamos: las multas hechas por radares, con 165 denuncias, y las empresas que proveen los servicios públicos como luz, agua y teléfono, con 129. Así lo señaló ayer a La Capital el defensor adjunto Ricardo Ciccarelli, planilla en mano. El funcionario no tuvo pelos en la lengua para denostar a los municipios y comunas que utilizan radares en las rutas: "Lo hacen con fines recaudatorios y no para la prevención de accidentes". Tampoco ahorró críticas a las empresas de servicios públicos, y aseguró que los usuarios se sienten "desprotegidos" a la hora de hacer valer sus derechos.

-¿Han detectado abusos por parte de los municipios y comunas en las multas que labran por exceso de velocidad?

-Mire, hay un caso de una persona de la provincia de Buenos Aires que recibió una multa de una localidad santafesina por más de 3.800 pesos y finalmente arregló por 48 pesos. ¡Explíquemelo! Nuestra posición es sencilla y simple: no defendemos al infractor, pero queremos que se respete la ley para imponer las sanciones.

-¿De qué modo interviene la Defensoría?

-Defendiendo las leyes. El infractor debe pagar, pero no en el marco de una política recaudatoria para salvar a una comuna. En la primera contravención por exceso de velocidad se debe hacer un apercibimiento (no se puede cobrar una multa) y a la vez respetar los tiempos para que la persona pueda tener derecho a una defensa. En la mayoría de los casos cuando el automovilista recibe la multa en su domicilio ya se vencieron los plazos para poder defenderse, lo que a nuestro entender invalida la sanción. Hasta los asesinos tienen derecho a la defensa.

-Usted mismo da cuenta de la exigencia de un pago de más de 3.800 pesos que finaliza en 48. ¿No existe allí una irregularidad? ¿La Defensoría va al fondo con estas investigaciones?

-Claro que sí, pero con limitaciones porque la Defensoría no tiene poder resolutorio, no puede imponerles determinadas conductas a municipios y comunas, sí asesoramos a los damnificados para que vayan a la Justicia. Está claro que estas cosas son una barbaridad. Si usted declara ante la Afip que compró un auto fantástico por mil pesos, es evidente que en esa compra hubo una actitud engañosa, lo mismo pasa cuando se pretende cobrar 3.800 pesos de multa y al final se termina arreglando por 48.

-¿Tiene conocimiento de que hay tres estudios de abogados en Rosario que tienen acreencias millonarias de municipios y comunas por infracciones de tránsito libradas por radares?

-Sí. El sistema funciona así: una municipalidad contrata una empresa que le provee los radares y también los estudios jurídicos que realizan los reclamos de las multas impagas. Entonces un porcentaje del total de lo recaudado queda en mano de estos abogados.

-¿No es muy sospechoso este proceder?

-Por supuesto, es muy poco claro. Las comunas tienen un área jurídica que debería tomar intervención y en caso de que no la hubiera hay que crearlas, para no tercerizar la recaudación. La pregunta es qué ponemos adelante: ¿el carro o el caballo? ¿Cuál es el objetivo de la puesta en funcionamiento de los radares? ¿Es de control vial, para evitar accidentes y muertes, o sólo recaudar fondos para el municipio?

-La impresión es que existe afán recaudatorio...

-Sí, efectivamente. Se puede discutir o no la efectividad de los radares, creo que es un método útil, pero no es el único. Las lomas de burros que se instalan en las rutas que atraviezan los pueblos también disminuyen la velocidad del tránsito. El tema es si se pretende la preservación de la vida o si estamos hablando de una cuestión de plata.

-¿Y reciben muchas quejas de los usuarios de servicios públicos?

-Sí, la población se siente muy indefensa en este sentido. Tenemos muchas quejas contra Aguas Provinciales porque en este mes hubo falta de presión en varios hogares. Está estipulado que la provisión del servicio debe tener una presión determinada, si eso no se cumple la firma no puede facturar. También hay reclamos por cortes de agua que no tienen que ver con la falta de pago, sino porque no se alcanza a satisfacer toda la demanda.

-¿Cómo es la relación de la Defensoría con las empresas de servicios públicos?

-Les hacemos llegar los motivos de las protestas para que den una respuesta. Por ejemplo, cuando los reclamos a Aguas los hacen varios vecinos juntos es más fácil de solucionar que cuando se realizan en forma particular. La firma aduce argumentos relativamente comprensibles, como que hay roturas de los caños que impiden una buena distribución del líquido. De todos modos ese no es problema del usuario, pero al menos Aguas Provinciales está atenta a los reclamos...

-¿Y qué pasa con la Empresa Provincial de la Energía (EPE)?

-Ahí es mucho más duro. Contra la EPE tenemos todo tipo de quejas. Ahora están candentes los cortes de energía programados y los no programados. Algunos se anuncian con tiempo, pero en muchas oportunidades el cliente doméstico o el pequeño negocio se encuentra con que no tiene luz y pierde la mercadería o el kilo de carne que tenía guardado en la heladera. Luego deben hacer el reclamo de resarcimiento que es un sistema perverso, porque el cliente tiene que demostrar que su mercadería o los electrodomésticos se arruinaron por la falta de energía. Después un técnico de la EPE determina si efectivamente fue así, en muy pocos casos llega el resarcimiento para las personas. El nuevo interventor (Luis El Halli Obeid) dijo que recibió la empresa en malas condiciones. Es atendible el argumento, pero los clientes son convidados de piedra en estas discusiones. La gente está muy enojada por la falta del servicio y la respuesta no es nada ágil. Hoy por hoy no hay solución.

-Tampoco deben faltar denuncias en contra de las empresas de servicios telefónicos...

-Sí, la situación es muy grave por la cantidad de usuarios que están incomunicados incluso desde la última gran tormenta que fue en noviembre, mire el tiempo que pasó. La firma esgrime como causante de la falta del servicio los robos permanentes de cables, pero robos hay en todos lados como en el alumbrado público y se repone. Además tuvimos una denuncia de un intendente de una población del norte de la provincia que daba cuenta de la interrupción del servicio y a la vez de un equipo técnico trucho que ofrecía la reconexión, hace quince días la misma denuncia llegó desde Villa Constitución, y ahora si bien nosotros no tenemos una queja formal sabemos que también está pasando en Rosario.

-¿Cree que puede haber sabotaje por parte de las propias empresas?

-Puede ser. En una oportunidad los vecinos dijeron que los mismos que ofrecían las reconexiones eran personal de las concesionarias. Yo no lo pude comprobar, pero han sido los comentarios...

"Hasta los asesinos tienen derecho a defensa", dijo Ciccarelli.