EDITORIAL

Desmanejo con subsidios

La falta de un adecuado mecanismo de control en la entrega de los planes Jefes y Jefas de Hogar permitió que se generaran diversas formas de desmanejos, malversaciones y fraudes. La mayoría de ellos se cometieron en los municipios bonaerenses, pero ocurren en casi todo el interior del país. Se trata de una de las tantas formas de corrupción endémica que padece la Argentina, aunque en este caso con el agravante de que se especula o abusa de fondos del Estado destinados a contener a centenares de miles de ciudadanos que no cuentan con otro ingreso más que esos 150 pesos. En consecuencia, el delito genera un doble perjuicio: hacia el Estado, porque produce erogaciones presupuestarias que no cumplen su objetivo y que podrían destinarse hacia otros rubros, y hacia los excluidos, quienes por no percibir o recibir sólo una parte no pueden gozar del beneficio, lo que los obliga a sobrevivir como puedan.

Por tales razones el gobierno nacional decidió respaldar la investigación sobre alrededor de dos mil causas impulsadas por el fiscal federal Guillermo Marijuán. Existen casos donde los empleados comunales cobraban los planes, mientras que en otros eran parientes directos de los intendentes o policías provinciales quienes lo hacían. También ha habido punteros o referentes que se quedaban con porcentajes, tras extorsionar a los reales beneficiarios con la amenaza de sacarles el subsidio. Desde luego, nuestra provincia no escapa al fenómeno y por eso el nuevo secretario de Acción Comunitaria aseguró que los subsidios serán revisados uno por uno y se comprometió a trabajar en conjunto con el área correspondiente de la Municipalidad de Rosario.

Precisamente Rosario, una de las ciudades más castigadas por la desocupación, cuenta con 57 mil planes y unos 10 mil proyectos de emprendimientos presentados por distintas organizaciones. Al respecto anteayer el padre Joaquín Núñez, en un encuentro con el intendente Miguel Lifschitz, planteó que existen irregularidades: fundamentalmente, aludió a proyectos concebidos para 50 desocupados cuando el trabajo lo realizan no más de tres personas. Para mayor evidencia, el padre señaló que cuando se inició el plan contaban con 400 voluntarios y hoy sólo trabajan cien. El intendente, obviamente, se comprometió al esclarecimiento y a trabajar para que la gente pueda capacitarse. Pero, en rigor, el gobierno nacional debe implementar otra forma de distribución de los subsidios, que bien pueden ser las tarjetas personales, que impidan cualquier posibilidad de fraude a los beneficiarios. De otra forma será difícil revertir la situación.