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 domingo, 28 de septiembre de 2003

Editorial
En defensa de Santa Fe

El gobierno de Santa Fe reaccionó con rapidez ante la posibilidad de que los intereses económicos de la provincia puedan verse afectados por el cambio de reglas establecidas oportunamente. El secretario de Agricultura de la Nación deslizó en Rosario la posibilidad de modificar el criterio de distribución de la cuota Hilton, hoy convertida en sostén fundamental de la industria frigorífica santafesina.

El funcionario nacional se pronunció a favor de incluir el criterio de regionalidad como uno de los parámetros esenciales para distribuir el cupo de exportaciones de cortes especiales de carne a la Unión Europea. Una iniciativa que, en caso de prosperar, perjudicaría seriamente a Santa Fe y beneficiaría los intereses de Córdoba. Más allá de que no parece ser éste un mecanismo apropiado para impulsar la integración regional, tiene un agravante: la industria provincial realizó fuertes inversiones en sus plantas para estar a tono con las exigencias de los mercados internacionales.

Actualmente la cuota Hilton se distribuye de acuerdo al past performance, que premia los antecedentes de los frigoríficos en la exportación de cortes Hilton y de los que no lo son. Córdoba aspira a modificarlo por el de la cantidad de cabezas. Para dimensionar la magnitud del cambio propuesto es conveniente apelar a los números. Las plantas instaladas en nuestra provincia reúnen casi el 50 por ciento de la cuota. Porque de los 37 frigoríficos instalados, 19 están habilitados para exportar; en Córdoba, en cambio, sólo dos de sus doce plantas tienen esa condición.

Esta realidad no es casual. Es ni más ni menos que la diferencia entre modernizarse, invertir y ajustarse a las demandas, y no hacerlo. Por eso cambiar ahora, arbitrariamente -por una propuesta de Córdoba- las reglas de juego, es un castigo inmerecido y desmesurado a quienes se ocuparon de hacer las cosas bien.

Santa Fe ya hizo pública su disconformidad a través de su vicegobernador. Pero esta no es una pelea que se limita únicamente a las autoridades: industria, gremios y productores deben ser parte activa porque los va a afectar a todos. Y el gobierno nacional deberá tener en cuenta que si se concreta una iniciativa de esta naturaleza, estará desvirtuando su prédica en favor de un país previsible y que premie al esfuerzo.

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