[Reportaje] Daniel Azpiazu y Martin Schorr

"Las privatizaciones fueron un éxito político del menemismo"

Dos economistas de Flacso afirman que las ex empresas públicas fueron las que más ganaron en la Argentina

Julieta Grosso

Bajo la excusa de analizar el proceso de renegociación de los contratos de las empresas privatizadas durante el gobierno de Eduardo Duhalde, los economistas Daniel Azpiazu y Martín Schorr retratan en "Crónica de una sumisión anunciada" las modalidades que asumió "una de las mayores inequidades registradas en la Argentina durante los 90".

Según los investigadores, durante el período 1993-1999 las ganancias acumuladas de las empresas o consorcios prestatarios de servicios públicos (aeropuertos, telefonía, correos, gas y electricidad, entre otros rubros) superaron largamente a las de las firmas líderes del mercado local, no sólo en cantidad de dinero, sino en la tasa de retorno respecto de la inversión y en el porcentaje neto de ganancias.

En "Crónica de una sumisión anunciada", libro editado por Siglo XXI Editores, Azpiazu y Schorr analizan las particularidades del marco regulatorio que les permitió a estas empresas semejante desarrollo económico y describen la forma en que propiciaron la emergencia de una nueva elite empresarial.

Azpiazu es investigador del Conicet, director del proyecto "Pivatización y regulación de la Economía Argentina" y autor de obras entre las que se cuentan "El desarrollo ausente" y "Privatizaciones y poder económico", en tanto que Schorr es magister en sociología económica de la Universidad Nacional de General San Martín y autor de varias publicaciones. Ambos se desempeñan en el área de Economía Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Justamente, en un gesto inédito que rompe la tradicional disociación entre la gestión pública y el campo intelectual, el ministro de Planeamiento Federal Julio De Vido firmó recientemente un convenio con Flacso por el cual esta casa de estudios ofrecerá asesoramiento técnico en temas referidos a la regulación y el control de los servicios públicos.

De esta manera, Azpiazu y Schorr tendrán una participación moderada en la revisión de contratos con las empresas privatizadas, un gesto que de alguna manera supone un límite a los reclamos de los prestadores.

-Una de las conclusiones del libro es que la discusión sobre los contratos de las privatizadas durante la Administración Duhalde se concentró en cuánto debería alcanzar el incremento en las tarifas. ¿Por qué la cuestión se redujo a esta única dimensión?

-D.A: El gobierno de Duhalde nació como un gobierno débil, en un contexto de movilización social y de presión descomunal de los organismos multilaterales y de los países a los cuales pertenecían las privatizadas. En primer lugar no se revisaron todos los contratos; por otra parte no se revisó toda la historia sino los últimos seis años y en tercer lugar quedó limitada la revisión de las tarifas.

El cuarto punto es que Duhalde parecería haber desarrollado una estrategia con este tema: frente a aquellas privatizaciones donde cualquier aumento tarifario recayera sobre los usuarios se consiguió dilatar la renegociación, mientras que se avanzó en aquellos otros sectores que no inciden directamente sobre el bolsillo de los usuarios como las terminales portuarias o la hidrovía.

-¿Cómo se comportaron las privatizadas durante el período de renegociación con el gobierno de Duhalde?

-D.A.: El tono de muchas empresas a la hora de elevar sus pretensiones fue realmente delirante. Por ejemplo, Aguas Argentinas solicitó seguro de cambio por 700 millones de dólares, exportación a una paridad uno a uno y otros dislates más. Con diferencia de matices, los pedidos de todas estas empresas apuntaban a mantener los privilegios que tenían al mismo nivel que durante la convertibilidad y por el otro permanecer ajenos a la emergencia económica, como si no hubiesen contribuido a ella.

-M.S.: Fue muy fuerte como estrategia renegociadora pedir el máximo para poder sacar algo. Y dentro de todas las posiciones, se puede decir que tanto por lo que se les dio como por lo que se les mantuvo, el Correo con el Grupo Macri a la cabeza como los Aeropuertos de Eduardo Eurnekian figuran en la primera fila de los grupos más beneficiados. Ambos incluso cumplen en exceso la cláusula de rescisión del contrato por sus continuas irregularidades.

-D.A.: Otra cosa para destacar al respecto es la docilidad histórica del Estado frente al capital extranjero y la funcionalidad de los políticos. En los últimos años, con buena parte de la dirigencia uno no sabía si eran dirigentes políticos argentinos o lobbystas de las empresas extranjeras. Eso no es casual y creo que hay que vincularlo al financiamiento de los partidos políticos.

-Más allá de la ineficacia política para regular las privatizaciones, ¿en qué medida se podría hablar de la existencia de una matriz social y cultural que propició el proceso?

-D.A.: Al margen de las objeciones que se pueden hacer en el plano económico e institucional, hay que decir que las privatizaciones fueron uno de los grandes éxitos políticos del menemismo: articular a los grandes grupos locales con la banca acreedora que no iba a recuperar ni un peso de los títulos públicos con algunas empresas internacionales le dio a (Carlos) Menem un sustento de poder económico con el cual pudo desarrollar todo lo que hizo durante los 90.

La funcionalidad de las privatizaciones en el caso argentino en relación a lo político, lo institucional y lo cultural fue casi única. En ese sentido, la estructura de poder de esa época en buena medida se consolidó a partir de la asociación entre grupos locales y extranjeros.

Las 61 empresas convocadas para renegociar los contratos protagonizaron una de las mayores inequidades registradas en la Argentina durante los 90, tanto respecto al capital nacional (las condiciones para el resto del empresariado fueron muy distintas que la de estas empresas) como al conjunto de la sociedad, sobre todo los sectores de menores recursos.

-M.S.: Es importante destacar igualmente que el cambio de actitud registrado en la sociedad desde principios del año pasado, el inicio de un proceso de concientización masivo, condicionó la estrategia del gobierno, que en muchos caso se vio casi obligado a no avanzar en los reclamos de las privatizadas. Ese es un dato alentador frente a lo que pasó en una década de inercia.

Hay que tener en cuenta también que el proceso anterior se relaciona con un contexto deliberado: en la fase pre-privatizaciones se había implementado una estrategia para debilitar todavía más los servicios, lo que permitió aumentar el consenso social sobre la necesidad de privatizar.