Bajo la lupa

Reacción contra la media sanción en Ganancias

La reforma del sistema de liquidación del impuesto a las ganancias en las exportaciones de granos, que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados en el marco del plan antievasión, traba el desarrollo del mercado y provocará bajas de precios para los productores, advirtieron los operadores del sector, que prometen pelear contra la medida.

El proyecto, que aún debe ser tratado por la Cámara de Senadores, establece que la liquidación del impuesto a las ganancias se haga sobre los valores vigentes a la fecha del embarque y no, como hasta ahora, según los precios pagados al cierre de las operaciones, y se enmarca en la iniciativa oficial destinada para evitar subfacturaciones y triangulaciones de operaciones.

"Estamos muy preocupados porque la decisión de los legisladores demuestra un profundo desconocimiento de las características del mercado de granos", aseguró el gerente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), Alberto Rodríguez.

"Las operaciones se cierran con varios meses de antelación porque así lo exige un mercado donde los embarques no se deciden de un día para otro, sino que se van ordenando según un cronograma complejo diagramado con mucha antelación", explicó.

A modo de ejemplo, indicó que ahora se están programando despachos de la próxima cosecha de trigo para los meses de diciembre 2003/enero 2004 y tomando compromisos para embarcar soja a mayo 2004.

En estas condiciones "es imposible prever la fecha y el precio al que finalmente se embarcará la mercadería", lo cual mantiene paralizado el "mercado a futuro o forward" que permite a los productores "tomar posiciones" (precios anticipados) para atenuar sus riesgos. El ejecutivo señaló que "lamentablemente la incertidumbre que provoca el riesgo la pagarán los productores porque los operadores fijarán un índice de cobertura que descontarán del precio de los granos".

En tal sentido, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luciano Miguens, advirtió que "el proyecto castiga en particular al productor que ya está perdiendo cerca de 10 dólares por tonelada por esta cuestión".

También el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Manuel Cabanellas, indicó que "la operatoria afecta el desenvolvimiento del mercado a término, genera inseguridad jurídica, le quita previsibilidad a la comercialización de granos y deja sin herramientas comerciales transparentes al productor agropecuario".