Muerte de un adolescente durante el diciembre trágico

Un fiscal ataca el sobreseimiento de un francotirador de las TOE

Dice que la medida no dejará aclarar si que mató a un chico para defender otra vida

Jorge Salum / La Capital

Un fiscal cuestionó el sobreseimiento definitivo de un tirador especial de la policía que mató a un chico de 16 años de un balazo en la cabeza para defender la vida de un colega, que supuestamente era amenazada por la víctima. El funcionario judicial dijo que la decisión de desincriminar al francotirador "cierra definitivamente" la posibilidad de ampliar la investigación para determinar si la muerte del chico pudo ser evitada.
El fiscal de Cámaras Guillermo Camporini atacó la legitimidad de una resolución de la Sala IV de la Cámara Penal, que a su vez ratificó una medida similar del juez de Instrucción Osvaldo Barbero. Tanto para el magistrado como para los camaristas, la versión del tirador es verosímil y entra en lo que técnicamente se denomina homicidio en defensa de una tercera persona. Camporini se pronunció en suplencia de su colega José María Peña, quien interviene en el caso desde el principio pero ahora está de licencia.
El funcionario dijo en un dictamen que la decisión de la Cámara es "arbitraria" e implica una violación de ciertas garantías del proceso penal. Ahora la misma Sala IV debe decidir si concede o no la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia revise la causa.
El tirador sobreseído es el sargento Angel Omar Iglesias, de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la policía. El mismo admitió ser quien disparó contra Walter Campos, de 16 años, el 21 de diciembre de 2001 en una calle sin nombre y el arroyo Ludueña. Según su explicación, no tuvo otra opción que tirar a la cabeza del chico porque este se aprontaba a dispararle a otro policía que iba en su persecución e intentaba detenerlo.
Campos escapaba junto a otro chico luego de haber sido denunciado por un grupo de mujeres que esperaba el reparto de cajas de comida. Según esas personas, el chico estaba armado y amenazó con robarles la ayuda social que la Municipalidad estaba distribuyendo en el marco de graves protestas sociales y una ola de saqueos.
Después de tirarle un solo tiro en la cabeza que lo mató en el acto, Iglesias entregó su arma -un poderoso subfusil con mira telescópica- y admitió ser el autor del disparo. Más tarde le dijo al juez Barbero que no tenía otra opción porque el chico mataría a su colega y el magistrado entendió que era una versión creíble.
Pero los abogados de la familia de Campos cuestionaron esta hipótesis y lograron que el fiscal Peña llevara el caso a la Cámara Penal. Uno de sus argumentos fue que la investigación de Barbero había sido incompleta y parcial. Los camaristas Rubén Jukic, Antonio Paolicelli y Guillermo Fierro revisaron entonces el caso e incluso practicaron algunas pesquisas, algo que Peña criticó varias veces, pero finalmente llegaron a la misma conclusión que el juez de primera instancia. Para ellos no hay dudas de que Iglesias mató para defender una vida que estaba amenazada.
Fueron las pruebas practicadas por la Cámara lo que molestó a Peña. El fiscal sostiene que al resolver en base a su propia investigación, los camaristas privaron a la fiscalía de la posibilidad de pedir una revisión del proceso. Y eso sería inconstitucional.
Además, los abogados de la familia de Campos, Federico Garat y Carmen Maidagan, aún sostienen que la investigación es incompleta y que el sobreseimiento clausura la posibilidad de establecer claramente cómo fue el episodio que cegó la vida de Walter. Para ellos se trató lisa y llanamente de un crimen a sangre fría.

Campos murió en medio de un gran despliegue policial.