Dos policías fueron procesados por exigir dinero a los familiares de un preso a cambio de mejorar su situación procesal y como requisito para interrumpir una golpiza. El hecho denunciado tuvo como escenario el mismo lugar donde una práctica idéntica precedió a la triple violación de una joven de 16 años: la comisaría 1a de Juan Manuel de Rosas 1350. Ambos casos, hoy con causas en trámite, evidencian la existencia de una redituable maniobra policial a partir del trato con detenidos.
Los policías procesados son el sumariante César Javier Cerigioni, de 31 años, y el oficial de guardia Angel Ricardo Saracho, de 33. El juez de Instrucción Carlos Carbone encontró suficientes indicios para considerar que ambos habrían exigido una dádiva mediante intimidación, delito que en el Código Penal se denomina exacciones ilegales agravadas. En cambio, no encontró pruebas de que Saracho y su colega Hermes David Maranzano, de 25, hayan sido los autores de los apremios denunciados por el preso, quien en la revisación médica practicada un mes más tarde ya no tenía rastros de la golpiza.
La presunta extorsión investigada por el juez, ocurrida en el mismo lugar y período en que tres policías violaron a una menor, deja al descubierto una práctica no desconocida. Y desliza que se trataría de un ardid repetido: detener a un sospechoso, llamar a sus familiares y sacarles plata con algún pretexto derivado de la función policial de cuidar la integridad física de los presos o de su facultad de labrar el sumario.
Tal es el cuadro de situación denunciado por Marcela C., una mujer humilde y madre de un joven de 22 años que el 9 de septiembre de 2002 cayó detenido por tercera vez en la comisaría 1a. El joven fue apresado alrededor de las 11 acusado del robo a mano armada a un cerrajero y de la tenencia ilegal de un arma de guerra, hecho por el que continúa preso.
Cuando el detenido llegó a la seccional le dijeron que no podría salir porque tenía las excarcelaciones quemadas por sus antecedentes. El muchacho dijo que lo golpearon duro y le exigieron dinero para cesar el castigo. Luego, aseguró, el sumariante lo obligó a llamar por teléfono a su madre para exigirle efectivo. "Yo pido dos gambas. Saracho tres", le dijo el policía, según el relato del detenido.
El informe telefónico constató que existieron dos llamados desde la seccional a la casa del preso. Uno a las 14.14 y otro a las 16.15. Según la madre del interno, el primer llamado fue de un policía que le exigió dinero y la citó a la seccional. El segundo, de su hijo: "Mami, tratá de conseguirme la plata porque si no me van a pegar y quiero salir", escuchó que decía nervioso mientras desde atrás lo apuraban al grito de "dale, dale".
La mujer fue a la comisaría y en un patio se entrevistó con uno de los policías, quien le exigió que tratara de "conseguir algo". "Quiero llegar a un acuerdo con usted, su hijo está comprometido", le habría dicho el efectivo. El policía aclaró que el pago debía hacerse antes de las 6 de la tarde, hora en que tenía que comunicar el parte al juzgado.
Marcela le pidió plata prestada a su hija, que la llevó en moto a la seccional. Allí, la mujer habría sido atendida por Saracho, quien a su vez la habría derivado a Cerigioni para efectuar el pago de 300 pesos.
En ese entonces no denunció el hecho por temor a que su hijo sufriera represalias y sólo pidió un traslado, aunque más tarde amplió lo que había ocurrido y así se inició esta investigación.
Los dos procesados fueron reconocidos por el preso -quien admitió sin rodeos no ser "ningún santito"- mientras que su madre señaló a Saracho como uno de los extorsionadores. A Cerigioni le practicaron un reconocimiento por foto porque se negó a participar de una rueda de personas. Ambos negaron que la denuncia fuera cierta.
El juez encontró suficientes indicios para creer en la veracidad de la denuncia: descartó que el preso actuara con un ánimo de revancha y evaluó que su madre la presentó más preocupada por los golpes que por la extorsión en sí. Ni siquiera quedó claró si la mujer fue consciente de haber sufrido una coima: al momento de realizar el pago su hija le aconsejó que pidiera "un recibo".
"La denuncia en nada pudo beneficiarlos. Se trata de personas con una vida simple y de extrema pobreza, con dos hijos presos y en permanente contacto con las fuerzas policiales", dijo el juez, para quien sería muy improbable que los familiares hayan inventado semejante historia.
El hecho registra como antecedente inmediato la triple violación de una joven por parte de tres policías que la sometieron luego de que fracasara un intento de coima. En esa oportunidad, el 26 de julio de 2002, la chica abusada fue obligada a llamar por teléfono a la madre de su amigo preso para pedirle cien pesos a cambio de su liberación. Por el caso hay tres policías presos como autores del abuso y otros cinco procesados por delitos colaterales.
Los dos episodios están directamente emparentados y el juez Carlos Carbone no lo pasó por alto: "En el publicitado caso de la violación a una menor también se denuncia una práctica similar", dijo. La denuncia que él investigó es posterior a la violación pero anterior al momento en que este diario publicó el caso, "lo que descarta una especulación de los denunciantes". La resolución fue apelada y ahora debe resolver un tribunal superior.
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La Ciudad
