Proponen cambios a la reglamentación sobre el uso de radares en rutas

Sugieren una velocidad mínima de 70 kilómetros por hora y la prohibición de aparatos móviles

Gustavo Orellano / La Capital

Casilda. - La Cámara de Diputados de la provincia estudia un proyecto para modificar una norma que regula el funcionamiento de radares para controlar la velocidad sobre rutas que cruzan localidades santafesinas. La iniciativa ingresó en la última sesión por una presentación del radical Jorge Alvarez, para quien la reglamentación vigente "no sirve para solucionar los problemas de fondo". Entre las modificaciones que propone se destaca subir el límite de velocidad a 70 kilómetros por hora y la prohibición de los radares móviles.
El Ejecutivo provincial autorizó por decreto en 2001 la utilización de radares para controlar y multar los excesos de velocidad en las rutas provinciales. No obstante, y a pesar de la normativa vigente, el uso de radares sigue generando opiniones encontradas. Quienes están a favor basan sus argumentos en que es un buen método para la prevención de accidentes, pero se topan con quienes piensan que detrás de los controles hay un mero fin recaudatorio.
Para Alvarez, cuyo proyecto ya había sido presentado hace dos años y rechazado en el Senado tras obtener media sanción en la Cámara baja, la reglamentación no es suficiente. "Lo único que se logró es que los conductores cometan nuevas infracciones como por ejemplo tapar la patente de sus vehículos o sacarlas con el propósito de burlar los controles", sostuvo.
La iniciativa propone una velocidad permitida de hasta 70 kilómetros por hora -diez más que tolerancia actual- y un monto de multas que variará según la gravedad de la infracción. Se prevé que los valores sean readecuados por ordenanza y que se destine un 10 por ciento de lo recaudado a educación vial.
Asimismo, el infractor que se presentara espontáneamente tendría un descuento del 25%, además de ser eximido de gastos administrativos, los cuales no podrían exceder el 10% del total de la multa. "Esto es para evitar abusos ya que en la actualidad los infractores que se presentan voluntariamente obtienen una reducción sobre el monto de la multa, pero los gastos administrativos se mantienen", explicó Alvarez.
"La disposición vigente -consideró- hace prevalecer lo recaudatorio sobre lo preventivo y además favorece más a las empresas concesionarias del servicio que a las comunas. El mayor porcentaje de lo recaudado queda en manos de las firmas que regentean los sistemas de control mientras que las administraciones locales sólo perciben una mínima parte".

Los radares siguen generando polémicas.