Héctor Méndez / La Capital
La oposición santafesina analiza, al menos informalmente, por estas horas la estrategia a desarrollar en la provincia con vistas a las elecciones de gobernador, intendentes, presidentes comunales y diputados y senadores provinciales que este año deberían resolverse aplicando la polémica ley de lemas. Si bien las fuerzas mayoritarias están dedicadas casi exclusivamente al desarrollo de sus campañas para las presidenciales del 27 de abril, la forma de enfrentar el sistema electoral aquí no es un tema menor.
Mientras se espera un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante los planteos de inconstitucionalidad que efectuaron el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista Popular y la Unión Cívica Radical -incluso la provincia ya habría elevado su posición a través de la fiscal de Estado, Irmgard Lepenies-, el asunto sigue preocupando a partir de las últimas modificaciones que introdujo el PJ, por las cuales los partidos (lemas) no pueden presentarse como sublemas.
Por eso, y si bien se admite que hoy el tema central son las elecciones nacionales del mes próximo, también es lógico suponer que, si la resolución de la Corte no favorece los planes de la oposición, se esté avanzando en algunas ideas para superar el obstáculo planteado por la ley electoral.
Algunos creen que las agrupaciones opositoras podrían presentarse integrando un nuevo partido (lema) en el que cada una de las fuerzas integrantes aparezca como sublema y obviamente presentando listas distintas, de manera de sumar todas para el mismo lado, como lo podrán hacer las distintas líneas del PJ.
Sin embargo, esa idea no resulta aconsejable para otros porque advierten que desaparecerían las siglas partidarias y, además, se debería encarar un trabajo nunca sencillo: el de las afiliaciones.
Falta tiempo, aunque no mucho, y un fallo de Corte Suprema está por salir, pero la cuestión preocupa con mayor o menor intensidad a radicales, socialistas y demócrata progresistas. Y tienen razón para estar preocupados.
Mientras, el lunes pasado hubo una reunión casi secreta en la Municipalidad entre los socialistas Hermes Binner y Eduardo Di Pollina, y los radicales Santiago Mascheroni y Juan Carlos Altare.
Los cuatro suman la conducción provincial de las dos fuerzas políticas: Binner es secretario general del PSP y Di Pollina secretario de organización. Mascheroni es titular del comité provincial de la Unión Cívica Radical y Altare vicepresidente.
Pese a los títulos, según pudo saber ayer La Capital, el problema que se presentaría con el sistema electoral santafesino no se analizó en esa oportunidad. Sólo se le dio al encuentro el título de protocolar, ya que -según voceros- el radicalismo entregó al intendente y a Di Pollina un documento en el que plantea el análisis de una serie de temas prioritarios para la provincia a partir del próximo recambio de gobierno y con la intención de que todas las fuerzas políticas traten de coincidir en la elaboración de soluciones.
Inseguridad, reforma constitucional, autonomía municipal, Consejo de la Magistratura, extensión de mandatos de presidentes comunales, futuro de la ley de lemas, reforma de la Caja de Jubilaciones, política de inversiones en la EPE, desarrollo de economías regionales y la articulación de un sistema impositivo transparente y justo fueron algunos de los puntos tratados el lunes en la Intendencia.
No quiere decir que de esa reunión haya surgido, por ejemplo, un plan conjunto de radicales y socialistas para devolverle seguridad a la provincia. Se trató el problema y se coincidió en la necesidad imperiosa de solucionarlo. En cambio, se sabe que las dos fuerzas son partidarias de la derogación de la ley de lemas y de andar todos los caminos que lleven a la autonomía de los municipios.
De todos modos, llama la atención el silencio que rodeó a estas deliberaciones teniendo en cuenta la importancia de los asistentes, conductores sin duda de las fuerzas más grandes debajo del Partido Justicialista. Quizás se consideró una estrategia frente a la escandalosa ley de lemas. Y tal vez entendían que no era aconsejable lanzar el asunto a la luz pública.
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