La candidata a presidente por Izquierda Unida (IU) y diputada nacional, Patricia Walsh, presentó un pedido de sesión especial en el Congreso para reclamar la aprobación del proyecto de ley de nulidad del punto final, la obediencia debida y los decretos de indulto.
A pocos días de cumplirse el 27º aniversario del golpe militar de 1976 y a 26 años de la desaparición de su padre, el periodista Rodolfo Walsh, la legisladora intentará que el Parlamento anule las leyes dictadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín y el decreto firmado por el ex presidente Carlos Menem.
"Fundamentamos nuestro reclamo de nulidad en la cantidad de causas abiertas en el exterior con relación a las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de la última dictadura militar, de naturaleza imprescriptible, porque son crímenes de lesa humanidad", dijo la diputada en un comunicado de prensa.
"Habiéndose garantizado a través de las leyes de punto final, de obediencia debida y los decretos de indulto la impunidad para aquellos responsables de haber cometido los crímenes más horrorosos", ya "no resulta posible establecer una escala de valores a la hora de hablar de justicia" en el país, continuó.
La iniciativa cuenta con la adhesión de doce diputados nacionales, entre los que está el también candidato a presidente por el Partido Socialista, Alfredo Bravo, y representantes del ARI, del justicialismo y del Polo Social, entre otros.
"Como este reclamo es una aspiración de la mayoría de nuestro pueblo y ha sido una lucha sostenida a lo largo de tantísimos años", desde IU "vamos a insistir (con la iniciativa) hasta que se vote en positivo", porque "la Argentina debe recuperar, como Nación, su capacidad de impartir justicia", agregó Walsh.
Coincidente, el pasado viernes el juez federal Carlos Skidelsky declaró la inconstitucionalidad de esas normas, porque se contraponen "a los principios fundamentales del derecho argentino y también a los pactos internacionales", además de constituir un obstáculo para penalizar "delitos imprescriptibles".
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto, tiene pendiente su pronunciamiento sobre las resoluciones mediante las cuales la Cámara Federal porteña declaró la nulidad de las leyes de impunidad y admitió procesos penales contra ex represores.
El procurador general Nicolás Becerra dictaminó en contra de la vigencia de esas normas, que exculparon a partícipes de delitos de lesa humanidad, y ahora la Corte debe decidir si confirma o revoca los fallos que consideraron nulas las leyes de obediencia debida y punto final.
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La iniciativa de Walsh es apoyada por doce diputados. |  | Ampliar Foto |  | |
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La Ciudad
