La situación del sector agropecuario

Desconocimientos y prejuicios

Marcelo Muniagurria (*)

Dijimos muchas veces antes de ahora que toda esta situación, así como la mayor parte de las que involucran al quehacer productivo, no es pura casualidad. Hay un innegable prejuicio respecto al campo, y de ese prejuicio participan incluso muchos dirigentes políticos.
No es cierto, por ejemplo, que el campo no genere empleo. Cualquiera que haya recorrido las ciudades y pueblos de nuestro interior sabe en qué medida todo depende del buen resultado de una campaña agrícola o de que la hacienda haya podido terminarse y ser colocada sin inconvenientes.
No es cierto que el campo no genere actividad en materia de tecnología, y que ese esfuerzo no redunde en un alto valor agregado para los productos destinados a la venta. Deberíamos saber que hoy por hoy no hay mercado para productos con problemas de sanidad, o no suficientemente desarrollados como para competir con los de otras procedencias.
Si la Argentina logró conservar algunos puestos clave en el mundo de los negocios fue por la alta calidad de sus ofrecimientos, y eso hoy sólo se consigue con aportes abundantes de la ciencia y la técnica. Dicho en otras palabras: me atrevería a afirmar que una semilla es un producto final tal vez con el mayor valor agregado en el mundo. Por eso, echar mano al fácil expediente de las retenciones o de las subas de impuestos cada vez que una cosecha sale bien no es sólo injusto, sino discriminatorio y -sobre todo- equivocado.
Abraham Lincoln, que algo sabía de prejuicios en el hombre, postuló hace casi un siglo y medio que "no se puede producir riqueza descorazonando el ahorro; no se puede fortalecer al débil debilitando al fuerte; no se puede ayudar al asalariado empobreciendo al empresario; no se puede crear personalidad y coraje quitando a los hombres iniciativa e independencia".
También puede ayudar a entender esta realidad una breve reflexión. En tiempos de crisis es muy importante desarrollar la imaginación. La gravedad de nuestros problemas como país exige dejar de lado definitivamente los prejuicios que tanto nos perjudican y liberar las energías creativas de cada hombre y mujer que lucha por abrirse camino en nuestra tierra. El Estado, ya lo sabemos, no suele ser imaginativo.
Un campo exitoso no debería molestarnos ni avergonzarnos, sino llenarnos de legítimo orgullo. Hemos sido dotados de condiciones aptas para atender crecientes demandas de alimentos de miles de millones de seres humanos de toda condición. Deberíamos dar gracias por ello, en lugar de buscar "afanosamente" el modo de perjudicar a quienes, con su esfuerzo, hacen que aun en medio de crisis feroces ingresen divisas genuinas a arcas que tanto y tan urgentemente las necesitan.
Seis meses atrás, difundimos un documento donde se demostraba con claridad la necesidad de establecer un mecanismo de ajuste que evitara que el productor debiera pagar impuestos por una ganancia ficticia. En el se incorporaron ejemplos que corroboraban cada una de las afirmaciones que allí se formulaban.
Proponíamos por aquel entonces una solución alternativa al "ajuste por inflación" rechazado por el Estado nacional y solicitado por las entidades empresarias: allí destacábamos la necesidad de "ajustar las existencias iniciales de bienes de cambio a los mismos valores unitarios de las de cierre del ejercicio 2002".
Hoy vemos a través de solicitadas que las entidades empresarias han optado por ese camino y no son escuchadas por los representantes del Estado nacional. Acaso sea este un buen momento para reiterar algunas apreciaciones hechas por entonces, y que a nuestro entender no fueron valoradas como debían haberlo sido.
Nuestro sector agrícola provincial generó recursos en el ejercicio 2002 del orden de los 6.500 millones de pesos neto de retenciones. Si se aplican los criterios actuales para la liquidación de impuesto a las ganancias la suma recaudada en nuestra provincia rondará los 1.100 millones de la misma moneda. En cambio, si se aplicara el criterio propuesto dicho monto se ubicará en torno a los 700 millones.
Habría 400 millones de diferencia, o -lo que es lo mismo- ocho veces lo que el sector paga en concepto de Impuesto Inmobiliario Rural. Si a esto se suma los 1.500 millones aproximadamente que se detraen por retenciones al mismo sector provincial, la suma nos daría un aporte adicional de la provincia al Estado nacional del orden de los 1.900 millones de pesos, una suma equivalente a más del 50 % del presupuesto provincial. Claro está que este monto no se le detrae a la provincia como gobierno, se le quita a sus habitantes, a sus economías regional, limitando las inversiones y el desarrollo en el sector más dinámico de nuestra economía. Es decir se le quita a la gente.
Para el Estado nacional es una buena oportunidad de hacerse de dinero extra, a fin de atender las acuciantes necesidades derivadas de una economía con graves problemas, heredados y adquiridos. En palabras comprensibles para todos, hacer pagar al productor por las ganancias derivadas del mayor valor nominal (o sea en pesos) de sus existencias, es como exigirle a cualquier habitante de la provincia que pague el 35% del mayor valor en pesos que tiene su casa después de la devaluación.
Si el productor hubiese optado en lugar de seguir produciendo, invertir sus existencias en un inmueble improductivo o guardar sus dólares bajo el colchón hoy no estaría hostigado frente por esta cuestión.
¡Cuidado!, no castiguemos al consecuente y premiemos al que opta por la desinversión y la especulación. Porque si no sería así de simple... y de descabellado.
(*) Vicegobernador de la provincia de Santa Fe