Continúa la polémica por el cobro de la ruta 17-S

Productores agropecuarios dicen que los reclamos hechos por la provincia son "ilegales e ilegítimos"

Gustavo Orellano / La Capital

Casilda. - Los productores agropecuarios de Casilda y la zona que se resisten a pagar por la construcción de la ruta 17-S, que une a las localidades de Fuentes y Coronel Arnold con la A-012, pretenden que se suspendan las intimaciones de cobro promovidas por el Servicio de Catastro e Información Territorial (SCIT) porque -alegan- es "ilegal e ilegítimo reclamar el pago de una obra realizada por la Nación y que nunca fue transferida a la provincia".
Los chacareros calificaron como "una burla" el informe que realizó el organismo catastral para justificar el cobro de la contribución de mejoras y que fue publicado por La Capital en su edición del pasado 5 de febrero. "Creen que somos tontos o ignorantes. Ese informe está plagado de falsedades e inexactitudes", dispararon quienes integran la flamante Comisión de Defensa de Productores Agropecuarios Afectados por la ruta 17-S.
"Catastro miente cuando asegura que la ruta fue ejecutada en 1980. La obra se hizo en la década del 70 con fondos de Vialidad Nacional y a través de la empresa Gardebled, cuyo contrato fue sellado el 20 de diciembre de 1977 con un plazo de ejecución de 12 meses, por lo que su finalización estaba prevista para el 20 de diciembre de 1978", aseguran los asesores legales y técnicos de los productores quienes avalaron sus dichos con documentación.
También cuestionaron que el SCIT fundamente el cobro de la ruta en base al artículo sexto de un convenio de transferencias de rutas nacionales a la provincia suscripto en 1980 y convalidado por la ley provincial 8.654. El SCIT afirma que si bien la ex ruta 33 bis (actual 17-S) "no figura" en el citado convenio, en su artículo sexto establece que "en los casos en que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) construya nuevos caminos donde se modifiquen los trazados actuales, estos últimos dejarán de pertenecer a la red nacional y pasan automáticamente a jurisdicción provincial".
Para los productores "es inexplicable que Catastro pretenda aplicar con retroactividad un convenio firmado en 1980, ya que la ruta -aseguran- fue construida antes". Además criticaron que "un organismo técnico haga una lectura incorrecta del artículo sexto para pretender sostener una posición insostenible".
"Ese artículo -dijeron- es inaplicable para este caso porque se hizo antes de sancionarse la ley provincial 8.654 y no modificó trazados actuales. Además fue pagada con recursos de la DNV, por lo que la provincia quiere cobrarla otra vez".
Si bien los productores reconocen, como informó el SCIT, que en la resolución 1471/74 la ruta ya se llamaba 17-S, acreditaron con documentación que "en 1976 pasó a la Nación, quien proyectó y ejecutó la obra por medio de Vialidad, por lo cual la provincia no hizo nada y desconocemos a título de qué quiere cobrar".
"El SCIT menciona con liviandad que la provincia tiene el derecho legal para perseguir el cobro de la contribución por mejoras de la ruta 17-S y, en ese marco, emitir los títulos ejecutivos. Esos términos constituyen una verdadera amenaza de remate de bienes y una persecución hacia las propiedades rurales, lo cual atenta contra el derecho de propiedad consagrado por la Constitución Nacional", concluyeron.