Año CXXXVI
 Nº 49.753
Rosario,
viernes  14 de
febrero de 2003
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Presupuesto: los senadores quieren anular los vetos

Senadores justicialistas solicitaron ayer por carta al presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, Carlos Snopeck (PJ), que insista con la sanción original de artículos vetados por el Poder Ejecutivo en el presupuesto nacional 2003 en detrimento de intereses provinciales.
En tanto, el oficialismo avanzaría el miércoles próximo con el tratamiento en Diputados de la modificación del impuesto a las transferencia de combustibles (ITC) pero dejaría en suspenso, por falta de consenso, la rebaja del impuesto a las ganancias para computar en los balances empresarios de 2002.
Los senadores piden en primer lugar a Snopeck (PJ-Jujuy) que se insista en la sanción original del artículo 68, que asigna recursos de la secretaría de Obras Públicas a la Dirección Nacional de Vialidad para financiar obras en las provincias.
"Se trata en este caso -argumentan- de una transferencia de partidas que en nada aumenta el déficit fiscal calculado y a pesar de lo importante que es la obra pública en nuestras provincias, este artículo fue observado por el artículo 2 del decreto 55/2003".
También los legisladores rechazan el veto al artículo 59 del presupuesto, por el cual se faculta al Poder Ejecutivo a establecer medidas tributarias especiales en aquellos departamentos provinciales donde la crisis laboral derivada de la privatización o cierre de empresas públicas.
Otra cuestión que objetan es el veto a la afectación de las sumas para atender el pago de las obligaciones vencidas y a vencer originadas en el alojamiento de internos por causas federales en establecimientos carcelarios de las provincias.

Ganancias seguiría en el 35%
El santafesino Jorge Obeid, uno de los vicepresidentes del bloque justicialista, reconoció que el proyecto que bajaría de 35 al 30 por ciento la alícuota de ganancias "es probable que no se trate" en la sesión prevista para el miércoles próximo.\La razón es que el bloque está dividido en torno del proyecto que envió el Poder Ejecutivo, que elimina la posibilidad de que los balances empresarios del último ejercicio puedan ajustarse por inflación.


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