Un conjunto de ocho entidades de defensa del consumidor definirá en las próximas horas los términos de una presentación judicial que será presentada mañana ante la Justicia con el objeto de frenar los aumentos ya en marcha de gas y electricidad.
En tanto, desde el sector empresario se defendió nuevamente el aval dado por el gobierno de Eduardo Duhalde para ajustar los esquemas tarifarios en un nueve por ciento para el consumo de luz y del siete por ciento en el gas, monto que para los privados no alcanza para cubrir los costos operativos actuales.
Horacio Bersten, de la Unión de Usuarios y Consumidores, señaló que "el denominado foro de asociaciones de consumidores, integrado por ocho miembros, realizarán la presentación judicial el martes. Debido a que somos varias entidades, mañana (por hoy) será definido y rubricado el texto definitivo".
También participarán de este pedido ante los fueros judiciales para que se frene la suba dispuesta "sin la correspondiente consulta pública": Consumidores Argentinos, Consumidores Libres, Unión de Consumidores de la Argentina, Consumidores Activos, Deuco, Duc, y Centro de Educación al Consumo.
"Esperamos el fin de la feria ya que de presentarla durante la pasada semana el procedimiento hubiera sido más complicado", explicó Bersten, quien también afirmó que el pedido también contará con la firma de Ariel Kaplan, representante de las entidades de consumidores ante la Comisión de Renegociación de los Contratos.
Las empresas se defienden
Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Inversores del Sector Eléctrico, Francisco Mezzadri, defendió ayer los aumentos promovidos los servicios eléctricos por entender que los costos en dólares que deben pagar las empresas "son altísimos".
También aludió la necesidad de contar con ajustes superiores al nueve por ciento autorizados por el gobierno nacional para aplicar en las tarifas eléctricas de la red domiciliaria.
"Los equipos son de los más modernos del mundo, de modo que lo que es el mantenimiento depende de las empresas proveedoras, que son cuatro o cinco en el mundo. Hoy el costo se paga en dólares, y es altísimo", consideró el empresario.
Afirmó además que "si hoy las empresas tuvieran que responder a esos costos, más los costos normales que han quedado congelados -como el precio del gas-, le diría que en materia de generación necesitara una suba que esta por encima del 50 por ciento".
En tanto, la presentación de las entidades de consumidores tiene como meta reforzar el criterio planteado en el artículo 9 de la ley 25.561, la cual fue dictada por el Congreso, y que a juicio de las asociaciones "no puede ser modificada por un decreto de necesidad y urgencia", tal como fue el 120 promovido por la administración Duhalde para allanar el camino del ajuste tarifario.
Las entidades alegan que el procedimiento empleado por el gobierno nacional "es inconstitucional" y que "no respeta el criterio" dispuesto en las leyes reguladoras del régimen eléctrico y del gas (24.065 y 24.076), donde se establece que cualquier modificación tarifaria debe ser adoptada con posterioridad a un debate en audiencia pública.
"El decreto 146 que promueve los nuevos cuadros tarifarios viola estas leyes y plantea graves inconvenientes", dijo Bersten.
Para el gobierno, los ajustes dispuestos "son mínimos" y defiende el incremento dispuesto por no considerar que estos no modifica los montos de las facturas de electricidad con consumos de hasta 300 kilovatios por bimestre y de hasta 500 metros cúbicos anuales, en el caso del gas natural por redes.
Los aumentos -que entraron en vigencia desde el primer día de febrero- promedian un 9 por ciento en la electricidad, y un 7,2 por ciento los del gas a nivel residencial, pero son mayores para los consumidores industriales (llegan al 18 por ciento), y para el Gas Natural Comprimido (GNC) donde llega al 19,3 por ciento en el ámbito metropolitano de Buenos Aires.
La Ciudad
