"Sacame de este infierno. No aguanto más. Me van a matar". La frase dejó perplejo al abogado del preso que, hincado de rodillas, le suplicaba que lo sacaran urgente de la cárcel de Coronda: su cliente es un peso pesado imputado en una causa por tráfico de drogas, "un tipo capaz de matar fríamente", al que por primera vez veía llorar. La razón del estado de pánico del interno es constatable en cifras oficiales. El año pasado el número de peleas mortales duplicó al anterior, mientras que, en promedio, casi diez personas mueren por año por causas violentas tras los muros de los penales santafesinos. Un fenómeno que pone en evidencia la falencias del Estado en su deber de cuidar la vida de todos los presos y que lleva a los detenidos -a menudo a los que no tienen conductas hostiles ni conflictivas- a vivir sometidos al concreto riesgo de muerte.
El cliente del abogado, que no pudo ocultar su consternación al contar el caso a La Capital, comenzó a vivir con terror el día que lo llevaron desde Rosario a la cárcel modelo de la provincia. Internado en el conflictivo pabellón V, fue despojado de toda su ropa, tuvo que defenderse de otros cuatro presos que intentaron violarlo y empezó a turnarse con otros dos miembros de su banda para dormir. "Me llamó desde el teléfono público del pabellón y me dijo que le tenían que mandar plata porque lo estaban amenazando con una púa en el cuello", reveló el letrado.
Sin ir más lejos, hace trece días falleció en el Hospital Cullen de Santa Fe el interno rosarino Marcelo Angel Bolognese, víctima de una agresión en el Pabellón III de Coronda. Y el jueves pasado entró al mismo hospital, apuñalado, el recluso acusado de dar muerte al primero. Año a año mueren decenas de personas en medio de refriegas, motines, fugas abortadas o peleas para saldar diferencias que a menudo se producen con elementos punzo cortantes de fabricación casera, las llamadas chuzas en jerga carcelaria.
Un mundo inseguro
La mayoría de estos últimos casos encuentran la misma explicación oficial: ajuste de cuentas entre internos o peleas por la rivalidad entre santafesinos y rosarinos. La frecuencia de esos episodios demuestra el permanente estado de vulnerabilidad al que están sometidos quienes viven en los presidios.
"La cárcel es un gran barrio donde hay patotas, grupos, clanes. Problemas entre sus familias. A veces en un recreo se enfrentan y nadie se entera de nada. A veces simulan una pelea general cuyo único fin es ajusticiar a un solo preso", analizó Armando De Martín, director del Servicio Penitenciario provincial (SP).
Disputas de poder, riñas por el reparto de bienes, problemas de convivencia, guerras entre bandas, venganzas particulares, rivalidades y peleas coyunturales parecen ser la clave de los nucleamientos y enfrentamientos tras las rejas. "En una villa se encuentra esa misma conflictividad. Están en violencia permanente. La que traen de afuera se multiplica porque están encerrados. Se venden tarjetas de teléfono, la droga, y empiezan los problemas entre ellos", juzgó el director del SP.
Pero esa situación de riesgo permanente no obedece solamente a las diferencias entre los detenidos. Para Carmen Maidagan, abogada de la no gubernamental Coordinadora de Trabajo Carcelario, el Estado es responsable del fenómeno porque "básicamente se está vulnerando el derecho a la vida y el derecho a la seguridad. Desde que el Estado priva de la libertad tiene que garantizar la seguridad en todos los sentidos además de la salud, alimentación y vida sana. La regla es la misma que si en un colegio se lastima un chico, es una responsabilidad que surge del mismo Código Civil". De hecho existieron juicios civiles por muertes en las cárceles en los que el Estado fue condenado a pagar un resarcimiento.
En busca de respuestas
Mientras el número de asesinatos dentro de la cárcel va en aumento, De Martín asegura que es prácticamente imposible impedirlos por una razón de infraestructura. Dos guardiacárceles custodian el acceso a los pabellones donde se alojan cientos de personas en celdas de dos. Los conflictos se originan en los horarios de recreo, cuando los internos se juntan en el patio. Según De Martín, hasta que los custodios detectan el incidente y dan aviso al grupo de operaciones (la fuerza de choque del penal), los protagonistas del duelo tienen tiempo suficiente para clavar una chuza en su adversario. "La chuza es un elemento incontrolable. Las hacen con las cosas más inimaginables", acotó otro funcionario con experiencia en el área.
Más allá de los códigos carcelarios y las reglas de subsistencia intramuros, para los penalistas y analistas de temas penitenciarios la responsabilidad del Estado en esas muertes es clara: "Es una situación evidente de falta de respuesta del Estado. Más allá de las conocidas falencias de infraestructura y contención, hay una clara ineficiencia en cuanto a seguridad interna. Hoy nuestras unidades carcelarias tienen muy poca seguridad para el interno. Se impone la ley del más fuerte, el más débil sucumbe y la violencia es reina del lugar", sostuvo el penalista Daniel Cuenca, profesor de la Facultad de derecho de la UNR.
Cuenca entiende que el Estado tiene a su alcance mecanismos para evitar las muertes violentas en las cárceles. "El problema actual es la masividad de los lugares, donde es imposible sofocar en forma inmediata una rebelión. La idea moderna es achicar, no agrandar: la estructuración de pequeños grupos que puedan ser dominadas en caso de revuelta. Las convivencias son más tolerables y es más fácil la vigilancia por la cercanía y la personalización", propuso.
En ese marco, para Cuenca el Estado al menos debería ocuparse de garantizar "lo más básico" a las personas detenidas: mantenerlas con vida. "Suena drástico, pero hoy la violencia está dentro de la cárcel y es el Estado quien tiene que cuidar que esa violencia no mate".
La Ciudad
