Año CXXXVI
 Nº 49.739
Rosario,
viernes  31 de
enero de 2003
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La Oficina del Consumidor local presenta una demanda ante la Justicia
Catarata de rechazos al aumento de tarifas
Consumidores, defensores del Pueblo y hasta la CGT de Moyano se expresaron contra los ajustes

El aumento de tarifas decretado por el gobierno ya cosechó el rechazo de las organizaciones de consumidores y los defensores del Pueblo de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, el titular de la Oficina Municipal del Consumidor, Omar Bonino, adelantó que hoy presentará ante los tribunales federales de Rosario una demanda solicitando la declaración de inconstitucionalidad de los decretos de Poder Ejecutivo Nacional (PEN) dictados en la materia. Por su parte, el gobierno reiteró sus argumentos en favor del ajuste de las tarifas de electricidad y gas a cuenta de lo que resulte del proceso de renegociación de los contratos con las empresas de servicios, y calificó a los aumentos de "pequeños".
La Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina (Adecua) y la Defensoría del Pueblo de la Nación hicieron saber ayer que ampliarán el pedido judicial realizado el lunes pasado para impedir la aplicación de aumentos en las tarifas de servicios públicos.
La titular de Adecua, Sandra González, señaló que se pedirá a la Justicia que tenga en cuenta la resolución de la jueza que detuvo los aumentos tarifarios que el gobierno intentó aplicar en diciembre. González indicó que "el decreto es el mismo", y concluyó que "se comete la misma ilegalidad".
En ese sentido, el adjunto del ombudsman nacional, Jorge Cermesoni, destacó que "hubo una apelación del Estado a la decisión judicial (de diciembre), que todavía no obtuvo fallo", y enfatizó que "existiendo una decisión apelada por el Estado, resolver esto por decreto no es legal ni constitucional".
La defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, se presentó nuevamente ayer ante la Justicia para impugnar los aumentos en las tarifas de luz y gas, dispuestos por el gobierno. "Como ha sucedido hasta ahora, recurrimos otra vez a la Justicia para impedir que Lavagna y Duhalde golpeen los bolsillos de la gente, aumentando la luz y el gas, servicios elementales en la economía de los argentinos", expresó Oliveira.
Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) disidente, liderada por Hugo Moyano calificó de "escandaloso" el acuerdo firmado por el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, por la decisión gubernamental de imponer un "tarifazo" que constituye, afirmó, "un nuevo robo al bolsillo de los trabajadores".
Las acciones contra el aumento de tarifas se extenderán a todo el país. Así, el titular de la Oficina Municipal del Consumidor, Omar Bonino, presentará hoy ante la Justicia federal de Rosario una demanda solicitando la inconstitucionalidad de los decretos 120/03 y 146/03 del Ejecutivo. Entre los argumentos del pedido de una medida cautelar se impugnan los decretos que "violan la forma republicana de gobierno, el principio de división de poderes, el debido proceso legal, el derecho de propiedad y el derecho de usuarios y consumidores".

Incrementos "mínimos"
Por su parte, el gobierno salió a defender los decretos en la voz del jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, quien insistió en definir como "pequeños" los aumentos y ratificó que ese incremento tiene por finalidad "mantener la calidad de los servicios".
Atanasof ratificó que el incremento será "de 1,47 pesos promedio mensual en el servicio de gas, y alrededor de 2,50 promedio mensual para la electricidad".
"Los ajustes son mínimos, si uno lo compara con las modificaciones que han tenido otras cosas", agregó el funcionario, para quien "casi la mitad de los usuarios no tiene ningún motivo de preocupación, porque no va a haber ningún aumento para ellos en el ajuste del cuadro tarifario", en alusión a que no habrá cambios para las facturas de electricidad con consumos de hasta 300 kilovatios por bimestre y de hasta 500 metros cúbicos anuales, en el caso del gas natural por redes.
Los aumentos tarifarios de la electricidad promedian 9 por ciento, y 7,2 por ciento los del gas a nivel residencial, pero son mayores para los consumidores industriales (llegan al 18 por ciento), y para el Gas Natural Comprimido (GNC) donde llega al 19,3 por ciento en el ámbito metropolitano de Buenos Aires.


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