Un proyecto de ley que ingresó silenciosamente y avanza rápidamente en la Legislatura puso en alerta a las cooperativas y mutales que trabajan con empleados públicos pero son independientes del poder sindical. La iniciativa, que en un trámite poco habitual lleva la rúbrica del presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Hammerly, es una remake de un decreto sancionado por el Poder Ejecutivo a principios de 2000. Aquel decreto debió ser suspendido por el propio gobierno luego de que interviniera la Justicia ante pedidos de amparo, pero ahora volvió a irrumpir sin aviso sobre el filo del cierre de sesiones ordinarias. La actividad nuclea a unas 80 instituciones en toda la provincia que se reparten una cartera de 120 mil adherentes y 100 millones de pesos. Directivos del sector denunciaron que se intenta a cerrar el negocio a favor de unos pocos y preparan un plan de movilización para frenarla, haciendo presión sobre los parlamentarios.
El proyecto firmado por Hammerly entró el pasado 10 de noviembre en la Legislatura. En menos de quince días obtuvo el visto bueno de la comisión de Trabajo y tiene preferencia para ser aprobada este miércoles en Asuntos Constitucionales. En tal caso, podría ser tratada el jueves en el recinto, para luego ser considerada sobre tablas en el Senado. Esa es la sospecha que movilizará a una veintena de entidades del sector y sindicatos, que el martes se congregarán en la capital provincial para intentar desactivar la operación.
La iniciativa pretende regular el sistema de códigos de descuentos sobre los haberes de los trabajadores del sector público, que desde hace años practican sindicatos, mutuales, cooperativas y otras asociaciones sin fines de lucro. El punto de partida es la necesidad de evitar que esos descuentos se implemente sin límites, lo cual ocasiona que a fin de cada mes los empleados más endeudados se queden sin dinero líquido.
El proyecto limita al 50 por ciento de la asignación salarial líquida la posibilidad de endeudamiento, crea un centro coordinador de los códigos de descuento y contempla un arancelamiento exigible a las entidades autorizadas a operar dentro del sistema para cubrir los costos que demanda la operatoria.
Tope a los descuentos
Las mutuales están de acuerdo con poner un tope a los descuentos pero quieren seguir compitiendo en pie de igualdad con sus pares de origen gremial. En toda la provincia existen unas 80 entidades independientes, pero cada agente deberá optar por sólo una de ellas, y también por una entre cinco mutuales sindicales que existen. Un mecanismo de estas características, por cierto, se convertiría en un filtro para las entidades que operan por fuera de los sindicatos. "Hammerly pide tratar sobre tablas de un proyecto para prohibir los descuentos por planilla a las mutuales que no están vinculadas al poder sindical, lo cual no sólo perjudica a todo el movimiento mutualista y cooperativista provincial sino a más de 120 mil agentes mutualizados que libremente optaron por una institución", criticaron voceros de las mutuales.
"Con la sanción de la ley estos servicios pasarán a ser prestados por un reducido grupo de mutuales privilegiadas en detrimento de las restantes", acotaron.
Una resolución firmada el 26 de mayo de 2000, en la primera intentona fracasada para regular el sistema, le daba el carácter de "mutual de extracción sindical" sólo a cinco entidades: MUPCN (Mutual del Personal Civil de la Nación), Atem (Asociación de Trabajadores del Estado - Mutual), Ammsafé (Asociación Mutual del Magisterio de Santa Fe), Mutual de Trabajadores Viales y Amen (Asociación Mutual de la Educación nacional de Rosario), dejaba sólo tres mutuales optativas y sumaba otras dos instituciones para el personal policial.
Las críticas de los mutualistas que temen quedar afuera del negocio le apuntan a Hammerly, por ser el autor del proyecto, y también a la poderosa Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el principal gremio del sector público santafesino, que conduce Alberto Maguid.
"Resulta sumamente sugestivo que Hammerly quiera tratar sobre tablas un proyecto que no reviste importancia sustantiva a la luz de los grandes problemas que existen en la provincia. Evidentemente existen causas ajenas al interés general que hacen que el diputado actúe con tanta celeridad y diligencia, en pos de una ley que no hace más que otorgar más manejo económico de los haberes de los agentes públicos a Alberto Maguid, quien ya de por sí detente y hace uso omnímodo de millonarias sumas a través del Seguro Mutual", concluyeron voceros del sector.
La Ciudad
