Orlando Verna / La Capital
A través de un decreto firmado ayer por el presidente Eduardo Duhalde en la Casa Rosada entraron en vigor las nuevas pautas de regulación de contenidos para la televisión y la radio en todo el territorio argentino. La iniciativa rubricada por el interventor del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Carlos Caterbetti, y por los representantes de las cámaras del sector, tienden a contener los excesos de imágenes violentas y de sexo observados durante el último año en la popularmente denominada "TV basura". Todos coincidieron en la necesidad de "mejorar los contenidos del medio por consenso y sin censura" en el "camino hacia una autorregulación".
Con respecto a los canales de Rosario, estuvieron ayer en Buenos Aires el vicepresidente de Televisión Litoral SA, Avelino Mendez, y el gerente general del Canal 5, Claudio Ipólitti. Consultadas por La Capital, representantes de ambas empresas expresaron su apoyo a la nueva norma y coincidieron en señalar que ni el 3 ni el 5 tuvieron problema alguno con el Comfer.
En verdad, lo que actualmente está en juego no es sólo la presión social para detener las manifestaciones obscenas, las imágenes violentas y hasta la impunidad con la que se manejan algunos programas pseudoperiodísticos porteños -con el caso Echarri como caso testigo-, sino la propia legitimidad del Comfer y el dinero que debería recaudar por las infracciones. Las críticas más feroces hacia el ente oficial hablan de su inacción y su ineficacia punitoria, aunque en el gobierno están más preocupados por negociar con los canales y las productoras transgresoras el monto de las multas.
Por ejemplo, el campeón en infracciones en horario de protección al menor es el programa "Entre Moria y vos" (América TV) con 131 infracciones y un monto acumulado de 20 millones de pesos. Lo peor del caso es que el envío duplicó sus violaciones del año pasado. Otro dato poco alentador es que entre todas las emisoras de aire capitalinas tienen una deuda de más de 71 millones de pesos, sólo en el primer semestre del 2002.
Ahora, mientras el gobierno nacional se prepara para su eventual retirada, estaría preocupado por canjear esa deuda por minutos de publicidad estatal (no partidaria).
El documento viene a modificar el régimen de sanciones impuestas por la ley 22.285 de Radiodifusión incorporando las recomendaciones realizadas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre Derechos del Niño. La referencia es explícita a la flagrante falta de respeto al denominado horario de protección al menor, degradado al punto de observarse más problemas en esos períodos que fuera de él. Asimismo, responsabiliza directamente a los programas y a las emisoras por la función social formadora y educativa que deberían ejercer.
Por otra parte, las empresas aprovecharon la reunión en Casa de Gobierno para pedirle al ejecutivo nacional la vigencia de los planes de competitividad que benefician a los medios de comunicación. Sostienen que con la baja del 100 por ciento en la facturación publicitaria de los últimos tres años, con la devaluación y sin los planes de competitividad estarían en peligro la permanencia de los 20 mil trabajadores vinculados al sector.
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La Ciudad
