Ejecuciones hipotecarias, un conflicto latente en el campo

Susana Merlo

A pesar del período de gracia que se acordó con los bancos para los créditos hipotecarios en situación irregular, el panorama dista de estar arreglado.
Los organismos internacionales que exigen la regularización definitiva de los bancos locales y, por otra parte, la situación de estas propias entidades financieras, alimentan un conflicto potencial.
En términos generales, los privados ya están ejecutando parte de su cartera morosa y en el grupo con garantías hipotecarias tienen, mayoritariamente, viviendas urbanas. En tanto, los bancos oficiales tienen un gran componente de cartera rural y no hubo ejecuciones.
En lo que al sector agropecuario se refiere, con más de 16 millones de hectáreas hipotecadas (de las cuales, cerca del 50% están en situación irregular), tiene una doble lectura: la de los endeudados y los que ya sanearon sus pasivos.
Sin embargo, el balance para las entidades financieras públicas es otro, ya que, a pesar de las cancelaciones que se produjeron este año empeoró su cartera de préstamos. Y esto es así porque los que cancelaron préstamos eran los que estaban en situación regular, mientras que los que traían deudas de arrastre apelaron poco a esta posibilidad.
Para el campo también es conflictivo y el análisis deberá hacerse casi caso por caso. Sí se puede decir que si se mantiene el actual estado de la banca oficial, obligaría a cada entidad a aumentar sus previsiones, lo cual afectaría a todo el sector, ya que se recortaría la masa de dinero prestable y subirían las tasas.
Por otra parte, una eventual condonación masiva, una quita u alguna otra posibilidad, también significaría un tratamiento injusto para quienes honraron sus deudas. Es sabido que muchos deudores no sanearon sus pasivos, porque especularon con el pago con bonos, y otros porque no quisieron ("total los bancos oficiales no ejecutan nunca"). A su vez, de los restantes, hay quienes tienen alternativas y otros que no.
De ahí que el lapso que media hasta febrero obligará a los bancos a un esfuerzo para tratar de acordar el máximo posible de casos, pero también a un profundo y rápido análisis de la dirigencia sectorial para definir qué posición adoptará y no perjudicar a muchos por el beneficio de unos pocos.