Año CXXXVI
 Nº 49.664
Rosario,
sábado  16 de
noviembre de 2002
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La Justicia ya lo condenó en primera instancia pero el fallo está apelado
Dejan cesante a un ex jefe policial por un caso de corrupción de 1993
Era comisario general y estaba al mando de una Unidad Regional. También exoneraron a una sargento

Jorge Salum / La Capital

El jefe de la policía de Santa Fe pidió al Ministerio de Gobierno que deje cesante a un comisario general retirado acusado y condenado en primera instancia por la administración irregular de fondos destinados a la compra de combustible para los móviles cuando era jefe de la Unidad Regional VI de Villa Constitución, hace casi una década. La máxima autoridad policial de la provincia también exoneró de la fuerza por la misma causa a una sargento ayudante que según un fallo judicial de marzo de este año se ocupaba de realizar las maniobras fraudulentas.
La decisión del comisario general Ricardo Jesús Milicic se anticipó en días a la sentencia judicial definitiva sobre el caso, cuya investigación se inició hace 9 años. Es que las condenas de los dos policías involucrados fueron apeladas y recién ahora la Cámara Penal de Rosario está por producir su fallo, según revelaron ayer a La Capital fuentes judiciales y policiales.
El comisario general para el que se pidió la destitución es Jorge Aníbal Gaspar del Teglia, que está retirado desde diciembre de 1994 por decisión del Ministerio de Gobierno de la provincia. La sargento ayudante es Sonia Beatriz Crocco, quien había sido pasada a retiro en mayo de 1999 por incapacidad física. Ahora ninguno de los dos pertenecerá más a la policía santafesina.
Del Teglia era la máxima autoridad policial del departamento Villa Constitución cuando la Unidad Regional VI fue allanada por efectivos de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE). Esto ocurrió el 9 de diciembre de 1993 y se hizo por orden del juez de Instrucción y Correccional de esa ciudad, Rubén Bissio.
Diez días antes el juez había recibido una denuncia anónima en la que se acusaba a Del Teglia y otros policías bajo su mando de proteger a delincuentes que operaban en ciudades del norte de la provincia de Buenos Aires, de estar involucrados en casos de piratería del asfalto y de desviar fondos destinados a la compra de combustible para los vehículos policiales. La denuncia, según sospecharon siempre los investigadores, probablemente fue realizada por un efectivo policial o por alguien que conocía muy de cerca la vida interna de la Unidad Regional a cargo del comisario general.
En total diez policías fueron imputados por Bissio y automáticamente la jefatura de la policía provincial abrió un sumario administrativo para investigar la conducta de los funcionarios sospechados. Con el tiempo uno de los policías fue sobreseído pero los otros nueve, incluído el propio Del Teglia, terminaron procesados. Todos apelaron pero la Cámara Penal de Rosario confirmó la resolución del juez Bissio, que les imputaba integrar una banda para cometer distintos delitos.
En mayo de 1997 la causa fue elevada a juicio y en marzo de este año finalmente el juez de Sentencia Nº 2 de Rosario, Antonio Ramos, dictó el fallo. Siete de los acusados fueron absueltos pero Del Teglia y Crocco terminaron condenados, aunque no como miembros de una organización delictiva sino por delitos más simples.
Del Teglia fue sentenciado a 2 años de prisión en suspenso y 4 de inhabilitación para ejercer el cargo. La sanción contra Crocco fue todavía más severa: la condenaron a 3 años, también de cumplimiento condicional, y la inhabilitaron en forma perpetua.
La resolución firmada por el jefe de policía donde se dispone la cesantía de Del Teglia y la exoneración de Crocco afirma que sus condenas trajeron aparejado un "grave perjuicio" para la imagen de la institución policial y que los delitos endilgados a ambos son de "extrema gravedad".
La decisión sigue los lineamientos del reglamento policial, donde se establece claramente que ante sanciones penales de este tipo corresponden las medidas tomadas por la jefatura de policía. Sin embargo, tanto la cesantía como la exoneración están sujetas a los fallos definitivos de la justicia, cosa que en este caso todavía no existe.
Ambos expedientes están ahora en la Sala III de la Cámara Penal, donde deben confirmar o revocar las sentencias dictadas por el juez Ramos en marzo de este año. El pronunciamiento de los jueces estaría a punto de salir, probablemente en un par de semanas.



La Jefatura en el momento en que fue allanada.
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