Tarifas: una jueza volvió a frenar las audiencias

El gobierno ahora dispondría una suba del 10% por decreto. Usuarios amenazan con impugnar tal decisión

La Justicia suspendió ayer las audiencias públicas previstas para el lunes y jueves próximo para definir incrementos de precios de las tarifas de servicios de suministro de gas y de electricidad, a cargo de empresas privadas. En tanto, las asociaciones de defensa de usuarios amenazaron con impugnar judicialmente cualquier decreto que disponga los aumentos.
La decisión fue adoptada por la jueza en lo contencioso administrativo federal, Claudia Rodríguez Vidal, al hacer lugar a un pedido de la Defensoría del Pueblo porteño y el foro que nuclea a las asociaciones de usuarios y consumidores.
El gobierno ahora deberá resolver si avanza en una decisión de ajuste tarifario mediante un decreto de necesidad y urgencia, tal como amenazó una semana atrás el ministro de Economía, Roberto Lavagna. El ajuste de las tarifas forma parte de los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para llegar a un acuerdo. Aunque el organismo plantea una suba del 30%, Economía sólo está dispuesto a autorizar un aumento del 10%.
La medida judicial responde a una presentación de la defensora del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, junto con la Unión de Usuarios y Consumidores y otros organismos de defensa del consumidor.
La jueza Rodríguez Vidal hizo lugar con este fallo al planteo de la ombudsman porteña, según el cual la cuestión tarifaria debe ser incluida en el marco de una renegociación global de los contratos de concesión, conforme lo establece la ley de emergencia pública.
Las empresas distribuidoras de gas natural por redes nucleadas en Adigas y las compañías transportadoras consideraron ayer que la suspensión "frustra a la sociedad la posibilidad de debatir públicamente la gravedad de la situación que se enfrenta como consecuencia de la actual de emergencia"; y remarcaron que esto "aumenta el riesgo de colapso del servicio público de gas".
La jueza Vidal aludió en su resolución a su pronunciamiento del 24 de septiembre pasado, cuando también había suspendido las audiencias públicas previstas para esas semanas.
La defensora del pueblo advirtió que "si el gobierno quiere incrementar las tarifas por decreto, se lo vamos a bloquear en la Justicia, porque sería totalmente inconstitucional".