El juez de Instrucción Carlos Alberto Triglia ordenó reubicar a unos 20 detenidos que están hacinados en el estrecho calabozo de una comisaría donde no caben más de tres personas, y prohibió expresamente a las autoridades de la Unidad Regional II que trasladen a esos internos a otros penales policiales. El magistrado dijo que deben ser alojados en las cárceles del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) y comunicó su decisión al Ministerio de Gobierno.
Triglia hizo lugar así a un pedido realizado por internos recluidos en la subcomisaría 2ª de Nuevo Alberdi, en el norte de la ciudad. Se trata de un penal de dimensiones muy estrechas, destinado al alojamiento de reclusos acusados de delitos sexuales donde sin embargo están detenidas personas acusadas de otros hechos que no deberían mezclarse con aquellos.
En el lugar no caben más de tres personas. Sin embargo, el día que los reclusos presentaron un hábeas corpus correctivo (un recurso destinado a modificar sin dilaciones la situación denunciada), en el penal había 23 detenidos y ayer en el juzgado de Triglia no se descartaba que con el paso de los días esa cantidad hubiera aumentado.
Frente al reclamo de los presos, el juez envió a la subcomisaría 2ª a un arquitecto de la sección Planimetría de la Unidad Regional II de policía. El perito constató que el penal es muy chico y que sólo tiene dos camas de cemento empotradas a la pared.
Turnos para dormir
El jefe de la subcomisaría, en tanto, elevó un informe lapidario: sólo cuenta con 11 colchones y otras tantas frazadas, de lo que se deduce que los reclusos deben turnarse para dormir y que lo hacen apiñados.
La situación, que se multiplica en prácticamente todas las comisarías de la ciudad, se agrava los días de visita. "¿Puede alguien imaginarse lo que ocurre cuando los familiares de estos reclusos hacinados tratan de visitarlos en su lugar de reclusión?", se preguntó Triglia en un escrito de varias carillas repleto de referencias a las condiciones infrahumanas de las "mazmorras" en las que se convirtieron los calabozos policiales. El interrogante termina con un razonamiento tan simple como demoledor: si a cada recluso lo visita por lo menos un familiar, en esos días se apilan allí más de 50 personas.
Ante esta situación Triglia hizo lugar al pedido de los reclusos y ordenó que sean reubicados en instalaciones del SPP. Su decisión prohíbe expresamente que los lleven a otras comisarías para evitar "el agravamiento" de las condiciones de detención en esos penales, que ya están ampliamente sobrepasados en su capacidad de alojar reclusos.
Esta decisión fue notificada a la Cámara Penal, a los jueces que tramitan las causas de estos detenidos (algunos de ellos con condena), al Ministerio de Gobierno y a la Defensoría del Pueblo, que muchas veces se ha hecho eco de los reclamos de reclusos y sus familiares que se quejan por las deplorables condiciones en las que permanecen detenidos.
Además, Triglia quiere que las autoridades mejoren las instalaciones de la subcomisaría 2ª para que los tres ("o como máximo cinco") detenidos que pueden permanecer allí estén en condiciones dignas.
La Ciudad
