En lo que se considera "consecuencia inevitable" de la política salarial que impuso para el Estado nacional el ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, y que implica el vaciamiento general de los mejores cuadros de la administración pública, ayer el Ministerio de Justicia confirmó la renuncia de un alto funcionario de la Oficina Anticorrupción (OA).
Por "motivos personales", Roberto de Michele dejó el cargo de director de Planificación de Políticas de Transparencia del organismo, y de inmediato fue reemplazado por Nicolás Raigorodsky.
Trascendió que De Michele fue convocado por un organismo internacional y "la oferta le pareció muy buena, no era para desaprovecharla", indicaron voceros de la OA. "Se va en buenos términos -agregaron-. No hay ningún tipo de problema generado en la Oficina o en el Ministerio".
Por su parte, el titular de la Dirección de Investigaciones de la oficina, Manuel Garrido, dijo que "por ahora" sigue en el cargo y que el alejamiento de De Michele "no altera el funcionamiento" del organismo.
"No me constan otras renuncias", afirmó el funcionario, que ante una consulta periodística reconoció entonces que el alejamiento de De Michele es una consecuencia de las medidas que tomó Rodríguez Saá durante su fugaz paso por la Casa Rosada.
"Este vaciamiento alcanza a todas las personas calificadas que trabajan en el Estado y que no pueden vivir más con el sueldo que se les está pagando", advirtió.
De esta manera, Garrido se refirió a la situación producida durante el corto lapso de gobierno del puntano, quien impuso un tope a los sueldos de los funcionarios que ocupan cargos políticos y que redujo los salarios de las autoridades de la oficina que preside el ex juez José Massoni.
Elogios del ministro
Hace un mes, el ministro de Justicia, Juan José Alvarez, elogió el trabajo realizado por la OA y ratificó "los principios de absoluta independencia que deben primar" para que ese organismo "pueda cumplir su función con total transparencia y sin restricción".\Desde su creación en diciembre de 1999 hasta junio de 2002, la Oficina presentó 615 denuncias de corrupción en la función pública, de las cuales 598 se transformaron en causas judiciales.\De las 615 denuncias, en 35 de ellas la OA solicitó ser parte querellante para intervenir de manera activa en el proceso, y sobre otras 48 realiza un seguimiento permanente.
La Ciudad
