El Concejo Municipal aprobó ayer la renuncia presentada por el edil oficialista Raúl Lamberto a la comisión investigadora creada para revisar expedientes provenientes de la Dirección de Registración e Inspección y sobre cuyo presidente (el concejal José Elmir) pesan sospechas de tráfico de influencias. La cuestión provocó al concejal peronista Evaristo Monti que embistió con dureza contra el secretario de Gobierno, Antonio Bonfatti, a quien responsabilizó "de no controlar siquiera un boliche que está a 200 metros de su despacho".
La mecha del escándalo la encendió el titular de los restobares Open Pringles y The Alamo, Jorge Giannantonio, quien había acusado días atrás al Elmir de pretender ejercer sobre él "tráfico de influencias".
Elmir no se quedó atrás y decidió llevar las acusaciones conocidas a través de La Capital a la Justicia. El incidente hizo que Lamberto y el radical Pablo Javkin dieran un paso al costado de la comisión aduciendo "diferencias metodológicas" con los otros cinco miembros. Ayer, se aceptó la renuncia de Lamberto, en tanto Javkin se abstendrá de participar por el momento.
Pero antes Elmir se defendió. "Rosario tiene seis inspectores para la noche rosarina, ¿es suficiente para controlar una ciudad?", comenzó preguntándose y prosiguió: "Hace poco apuñalaron a un menor dentro de un bar que no tiene habilitación y está a pocos metros de la Municipalidad. Señores, no se puede esconder un elefante en la peatonal".
Monti apuntó sus cañones contra Giannantonio, a quien calificó de "aprendiz de delincuente" y adujo que los problemas con sus locales "son consecuencia de una actitud mafiosa que viola todas las normas". Es más aseguró que "este pillo de la noche está protegido por una administración ciega, sorda y muda, que lo consintió".
Ambos concejales recibieron como toda respuesta el sepulcral silencio de la bancada oficialista.
Además el cuerpo aprobó un convenio presentado por la Intendencia para otorgar un permiso de uso al Club Remeros Alberdi de una fracción de las instalaciones que ocupa sobre la costa norte, pero le introdujo modificaciones. En su artículo segundo, la ordenanza establece que "el tramo de la costa que se recupera será destinado al uso y disfrute público, y no se autoriza ningún emprendimiento privado ni estatal en el sector liberado, incluyendo el espejo de agua".
En otro orden, el justicialista Alberto Joaquín brindó detalles sobre el dictamen 157 del Tribunal Municipal de Cuentas. Allí se detectó que la deuda del municipio al 31 de diciembre del 2000 llegó a 35 millones de pesos y que el desfasaje entre la recaudación y lo gastado durante dicho período fue de 10 millones de pesos.
"Pero taparon el bache echando mano a los fondos especiales", apuntó Joaquín y detalló, entre otros ítems, 3 millones del fondo de desagües pluviales, 3 millones de redes de gas, 420 mil pesos de alumbrado público y 470 mil de un fondo para discapacitados.
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La Ciudad
