El gobierno apeló ayer el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que declaró la inconstitucionalidad de la pesificación y la reprogramación de los depósitos atrapados en el corralito, informaron ayer fuentes judiciales. De esa manera, el Estado intentará que sea la Corte Suprema de Justicia la que resuelva la validez o no de las medidas económicas dispuestas.
Según las fuentes, la apelación fue presentada casi una semana antes del vencimiento de los plazos procesales establecidos, es decir el martes próximo.
La Cámara deberá resolver entonces para fines de mes si hace lugar o rechaza el recurso extraordinario. En este último caso, la causa llegará igualmente a la Corte Suprema, a través de un recurso de queja.
Los voceros de la Procuración del Tesoro no suministraron detalles de los términos de la apelación.
El 13 de septiembre pasado, la Sala Quinta de la Cámara en lo Contencioso Administrativo había decretado la inconstitucionalidad de la pesificación, en una causa presentada por el ombudsman nacional, Eduardo Mondino.
La Cámara resolvió que son inconstitucionales los decretos 1.570 -el primer corralito-, el 214/02 -la pesificación- y el 1.316, que suspendió por 120 días las ejecuciones contra el corralito.
En un fallo unánime, los camaristas Carlos Grecco, Luis Otero y Pablo Gallegos Fedriani confirmaron dos fallos de primera instancia de la jueza Marta Emilia García.
El 8 de agosto pasado la misma Sala en otro expediente (caso Muratorio) ya había adoptado el mismo temperamento al resolver la inconstitucionalidad de las mismas normas, pero ante la presentación de un particular.
La decisión judicial tiene al Poder Ejecutivo contra las cuerdas, porque la inconstitucionalidad de la pesificación haría tambalear toda la complicada arquitectura jurídica que sucedió a la devaluación. Ahora dio este paso adelante que adelanta el resultado final, cuando todavía se muestra incapaz de resolver una fórmula para dar marcha atrás con el juicio político al máximo tribunal.
Anoche en la Cámara de Diputados el oficialismo no logró obtener quorum para avanzar con el tratamiento de este proyecto y su posterior rechazo, al que se sumarían los diputados de partidos provinciales, los cavallistas y un legislador del Partido Fiscal.
El gobierno busca insistentemente frenar esta estocada contra la pesificación de los depósitos, especialmente en un momento en que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) parecen haber ingresado en una etapa de definición y teniendo en cuenta que el organismo es un férreo opositor a cualquier cambio en este sentido.
Lo que sostuvo la Cámara
En los hechos, la sentencia permite a los ahorristas reclamar, por vía judicial y de manera inmediata, sus depósitos.
"En lo que respecta a la acreencia bancaria que individualmente cada ahorrista se considere con derecho a percibir, deberá acudir ante los tribunales que correspondan a fin de acreditar el reclamo patrimonial interpuesto, ejerciendo, cada afectado el ejercicio de su derecho", establecía el fallo de la Cámara.
En sus considerandos, los camaristas también señalaron que "aquí se ha denunciado la lesión de derechos individuales y, por consiguiente, como el defensor del Pueblo tiene legitimación procesal concedida por la Constitución, su habilitación para promover este proceso es indiscutible".
Las fuentes consultadas no descartaron que hasta la fecha de vencimiento del plazo para las apelaciones, también puedan presentarse otras partes para reclamar contra el fallo.
La Ciudad
