EPE: quieren derogar la ley de privatización

La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe tiene previsto discutir la semana que viene un proyecto de punto final al intento de privatizar la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que define además nuevas pautas para el manejo de la empresa.
El proyecto fue elaborado por el radicalismo y tiene preferencia para ser discutido en la sesión del jueves próximo luego de cosechar el respaldo de otros bloques, y según se asegura, también de los gremios lucifuercistas y otros sectores ligados a la actividad.
Se trata de derogar la ley que dio inicio al proceso de venta de la compañía eléctrica, teniendo en cuenta que la empresa, según planteó el propio Ejecutivo santafesino, permanecerá en manos del Estado.
La iniciativa va más allá porque propone además el fin de la intervención y la creación de un directorio con participación de las cooperativas de electricidad y empleados de la empresa.
La propuesta alienta la derogación de la ley 11.727 de privatización y establece la plena vigencia de la ley 10.014 (anterior al plan de privatización) por un plazo de 180 días, lapso durante el cual se deberá establecer un marco jurídico que la reemplace y posibilite la consolidación de la empresa en la ámbito estatal.
En los fundamentos del proyecto, elaborado por la radical Alicia Tate, se destaca la necesidad de "retomar el principio de conducción plural, impulsar la ampliación de la participación a otros sectores de interés directo con el éxito de la gestión de la EPE". Además agrega un cambio sustancial como es la disposición de que el directorio "sea propuesto por sectores privados a los que se reserva el derecho de remoción".
El objetivo es que el directorio esté integrado por un presidente, un vicepresidente (nominados por el Poder Ejecutivo) y cinco vocales: uno que represente a los trabajadores de la empresa; otro a las cooperativas que presten servicios de electricidad en la provincia; un vocal que represente a los sectores industriales, otro que represente al comercio y el último a los usuarios, elgidos por las entidades reconocidas que agrupan a los consumidores.
La propuesta establece también objetivos generales para mejorar el nivel de eficiencia de la EPE, aprovechar mejor los recursos humanos, planificar inversiones y sistematizar la compra de energía y de insumos, achicar los márgenes de morosidad y controlar el robo y la utilización ilegal de energía.