Becerra pidió la inconstitucionalidad de la obediencia debida y el punto final

Las leyes del olvido irán a la Corte

El procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, se pronunció ayer a favor de que la Corte Suprema de Justicia declare la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final.
En el dictamen que presentó al máximo tribunal, Becerra puso énfasis en que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Lo hizo en relación a dos causas que se tramitaron ante el juez federal Claudio Bonadío por la desaparición del matrimonio Poblete-Hlaczik en la última dictadura militar.
La opinión de Becerra reafirmó las sentencias de primera y segunda instancia que obligan al Estado a investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso.
En su dictamen, Becerra indicó que "el compromiso estatal no puede agotarse, como regla de principio, en la investigación de la verdad, sino que debe proyectarse cuando ello es posible a la sanción de sus responsables".
"La violencia que todavía sigue brotando desde el interior de algunas instituciones y que hoy en forma generalizada invade la vida cotidiana de nuestro país debe ser contrarrestada con mensajes claros de que impera el Estado de derecho sobre reglas inconmovibles que deben ser respetadas sin excepción", agregó el procurador.
El titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Horacio Verbitsky, celebró el dictamen de Becerra y consideró que "abre el camino para la ratificación de la Corte" y que "queda muy poco para discutir sobre estos temas, ya que coincide con acontecimientos internacionales y la documentación de Estados Unidos que recibimos sobre el tema".
Verbitsky dijo que "no hay cálculos" de las causas que podrían ser reabiertas a partir de este fallo y aseguró que el organismo "va a reforzar todas sus presentaciones y reimpulsará las causas".
En otro tramo del dictamen, el procurador remarcó que "la obligación de investigar y sancionar que nuestro país asumió como parte de su bloque de constitucionalidad en relación con graves violaciones a los derechos humanos y crímenes contra la humanidad no hizo más que reafirmar una limitación material a la facultad de amnistiar".