Carlos Roberto Morán / La Capital
El abogado de María Carolina Guallane reclamó la detención y el procesamiento del ex dictador Leopoldo Fortunato Galtieri y de otros tres responsables de la represión militar en la ciudad de Santa Fe, en febrero de 1977, por la desaparición del padre biológico de la joven venadense.
El abogado José Pedraza le recordó ayer a La Capital que Enrique José Cortassa, padre biológico de María Carolina, al momento de su desaparición era oficial de la organización Montoneros, jefe de la regional sur de la Juventud Peronista de las Regionales y cofundador del Partido Auténtico. "Vale decir que era una persona que conocía mucha gente y por eso desde antes de producido el golpe era intensamente buscado", sostuvo.
El letrado precisó que Cortassa era oriundo de Rafaela y que se había radicado muy joven con su familia en Rosario, donde se recibió de técnico mecánico especializado en motores Diesel. Allí conoció a quien sería su esposa, Blanca Josefa Zapata, quien procedía de la ciudad entrerriana de Victoria.
Pedraza comentó como un dato no menor que en septiembre de 1975, en la zona sur de Rosario, donde trabajaban políticamente Cortassa y su esposa, se produjo un grave hecho sangriento cuando se llevaba a cabo una reunión política. En ese momento se hicieron presentes integrantes de la tétrica Triple A matando a varias personas, entre ellas el hermano de Blanca Zapata. "Cortassa era el objetivo y se salvó de milagro", afirmó Pedraza, para agregar que en 1976 fue allanada la casa de la madre de Cortassa, a la que le reclamaron una fotografía de éste "porque querían ubicarlo a toda costa".
Ya radicados en Santa Fe junto a su pequeña hija Paula, Cortassa logró huir cuando se produce el allanamiento de una vivienda ubicada en cercanías de la cancha de Colón, pero terminó siendo apresado por fuerzas conjuntas del Ejército y la policía que atacaron la finca de Castelli 4531. Todos los indicios señalan que Cortassa resultó ileso en esa circunstancia.
Blanca Zapata, que se encontraba en avanzado estado de embarazo, recibió un balazo en la cabeza, fue internada en estado comatoso el hospital Cullen y -según distintos testigos- falleció días más tarde, en tanto que su hijo habría nacido muerto.
Los restos de la mujer le fueron entregados a María Carolina en una ceremonia cumplida en el cementerio municipal en junio de 2000. Un año antes, la joven venadense -quien se había presentado ante la Justicia federal de Santa Fe al saber que era hija de desaparecidos- pudo recuperar su identidad tomando conocimiento de que había sido bautizada con el nombre de Paula Cortassa, aunque ella optó por seguir llamándose con el nombre que le pusieron sus padres adoptivos.
María Carolina reclama ahora saber qué pasó con su padre biológico, del que nunca más se tuvieron noticias luego de los hechos ocurridos en la finca de calle Castelli. Por eso Pedraza presentó ayer su escrito pidiendo que se detenga y procese a Galtieri, quien era en ese momento comandante del II Cuerpo de Ejército, así como a los coroneles retirados Juan Orlando Rolón, Domingo Manuel Marcellini y Manuel Eduardo Morales. Rolón fue el responsable del área Santa Fe del arma y los dos restantes estaban al frente del Destacamento de Inteligencia 122, con jurisdicción en Santa Fe al momento de producirse el episodio apuntado.
También Pedraza le solicitó al juez federal Nº2 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, que declare inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final, al tiempo de aportar documental en el que intenta probar el estado de indefensión que padeció la pequeña María Carolina, por entonces de apenas un año de edad, durante los dos meses en los que al parecer permaneció en manos del Ejército antes de ser entregada a la Casa Cuna, donde llegó en condiciones deplorables de salud.
El abogado sostiene que María Carolina estuvo en poder del Ejército desde el 11 de febrero de 1977 hasta el 6 u 8 de abril de ese mismo año, casi dos meses después del operativo realizado en el domicilio de calle Castelli, y que sólo fue pasada a la Casa Cuna y al juzgado de menores cuando su condición física "desmejoró notablemente". Pedraza sostiene que en ese tiempo se la utilizó en "el proceso de tortura de su padre".
En otro momento de su recurso, el abogado santafesino habló de una serie de irregularidades y una cadena de responsabilidades en el episodio de la calle Castelli, registrándose errores de fechas y similares. Sostuvo además que no está prescripto el delito de secuestro de Enrique Cortassa, "quien hasta el día de hoy se encuentra en carácter de desaparecido", aunque sospecha que fue fusilado tiempo después de caer apresado.
"Nuestro sistema jurídico ha hecho recaer sobre las espaldas de la Justicia federal la responsabilidad de juzgar estos delitos de lesa humanidad. Es hora que en la ciudad de Santa Fe, habiéndose normalizado aunque más no sea parcialmente este órgano de Justicia, se comience a hacer frente con valentía el juzgamiento de estas conductas para demostrar que sólo con el condigno castigo, al menos de los principales responsables, se irá construyendo el azaroso camino del fin de la impunidad, de la tan ansiada reconciliación de los argentinos", señala el letrado en su presentación.
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