Bogotá. - Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) extendieron ayer su campaña de intimidación a los alcaldes y concejales del departamento de Valle del Cauca (suroeste), elevándose a 16 las regiones colombianas que están a punto de quedar sin gobiernos locales. La guerrilla exigió la renuncia de los alcaldes de Bogotá y Cali.
Mientras, el presidente Andrés Pastrana encabezó un consejo de seguridad en el cual se acordó redoblar las medidas de protección para los funcionarios en peligro. Al término del encuentro, al que asistieron los altos mandos militares y de la policía, el Ejecutivo llamó a los ciudadanos a crear un frente de apoyo a la democracia.
Además, el grupo rebelde exigió la renuncia del alcalde de Cali, John Maro Rodríguez, así como de los concejales y diputados de Valle del Cauca, en un hecho que se sumó a la crisis de gobernabilidad que enfrenta la nación andina por las presiones de la guerrilla. "A través del sistema de comunicación celular, a través de los sistemas telefónicos están amenazando", dijo Rodríguez, quien señaló al jefe rebelde Pablo Catatumbo como el autor de esas presiones.
Rodríguez explicó que los concejales de Cali -la capital de Valle del Cauca- y 13 de los diputados de esa región se salvaron de ser secuestrados hace dos meses por las Farc. Según la Federación Colombiana de Municipios, 110 alcaldes -que representan el 10 por ciento de los mandatarios locales- han sido víctimas de las intimidaciones.
Por otra parte, el alcalde de Bogotá, Antanas Mockus, admitió que ha recibido amenazas, pero le restó importancia al asunto tras indicar que este hecho forma parte de la campaña iniciada por las Farc. Mockus, quien ha señalado que no abandonará su cargo, propuso ayudas tecnológicas -entre ellas la instalación de computadores conectados permanentemente- para los funcionarios que deban cumplir con sus labores a distancia.
Asesinaron a un edil de Bogotá
El edil Carlos Ramírez, de Puente Aranda, localidad de Bogotá, y su esposa fueron asesinados ayer por dos desconocidos que viajaban en una motocicleta, informaron fuentes oficiales, que atribuyeron el hecho a posibles problemas familiares. De acuerdo con la fuente, las investigaciones preliminares señalan que el crimen se debió "a problemas de dinero, de venganza por negocios familiares". No obstante, las autoridades policiales continúan las investigaciones para descartar totalmente que se trate de un hecho que forme parte de la campaña que lleva a cabo las Farc contra las autoridades locales del país.
Antes de este crimen, el alcalde y el presidente del concejo de Bogotá, Samuel Arrieta, denunciaron que varios de los ediles de la capital colombiana habían recibido llamadas en las que solicitan su dimisión. Arrieta explicó que los rebeldes exigen que no se aprueben los impuestos y que de continuar con las actividades actuales los concejales van a ingresar en una lista de "objetivos militares".
En Medellín, la capital del departamento de Antioquia, 23 de los burgomaestres presionados y varios ediles pidieron a Pastrana que se ponga al frente de esta problemática. En tanto, la defensora del pueblo en Antioquia, María Villegas, pidió al gobierno que se pronuncie cuanto antes en torno a esta situación, que calificó de "caótica". A su turno, el alcalde de Medellín, Luis Pérez, se declaró en contra de la decisión del gobierno de no aceptar la renuncia de los amenazados. "La solución no es que se le acepte o no la renuncia o que se deje o no extorsionar, porque nadie está siendo extorsionado voluntariamente", afirmó Pérez.
También se conoció que en la población de El Retiro, en Antioquia, 13 concejales decidieron dejar sus puestos, a pesar de las presiones de los grupos de ultraderecha. (DPA)
La Ciudad
