Año CXXXV
 Nº 49.493
Rosario,
miércoles  29 de
mayo de 2002
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La Justicia investiga al Pami por la muerte de dos afiliados

Santa Fe.- La muerte de Walter Mesa, de 78 años, en el Samco de El Trébol mientras aguardaba que le proveyeran un nuevo marcapasos y de Zunilda Inés María Cicarelli, de 71 años, quien falleció esperando dos prótesis vasculares, ambos afiliados del Pami, originó que la Justicia investigue a la obra social por la posible comisión de delitos, uno de ellos el de "abandono de persona".
Los dos casos colocan al rojo vivo el drama por el que están transitando los afiliados al Pami, totalmente desguarnecidos en su cobertura médica, a tal punto de suceder estos hechos fatales a pesar de que la obra social les continúa realizando los descuentos correspondientes.
Mesa se internó en el Samco en marzo de este año, detectándose que sus mareos intensos se debían "al agotamiento de la fuente del marcapasos", a partir de lo cual se insistió ante el Pami para la provisión de uno nuevo, lo que consta en las actas médicas.
A 16 días de haberse internado, y a pesar de las gestiones realizadas por sus familiares ante la obra social, donde la respuesta reiterada "era que ya se encontraba en camino y que no se debía preocupar" y de su estado desesperante, el marcapasos no llegó, y el hombre murió el 7 de abril pasado.
El otro caso fue denunciado ante la Defensoría del Pueblo por un familiar directo de Zunilda Inés María Cicarelli, fallecida el domingo pasado mientras esperaba que la proveyeran de dos prótesis vasculares (dos clips) para ser operada de un aneurisma cerebral declarado el 1º de enero. En la denuncia se solicitó que se investigue la posible comisión de delitos por parte de quienes debían proveer la cobertura de salud.
A Cicarelli se le había indicado la necesidad de una microcirugía para lo cual era indispensable contar con las dos prótesis. Esto ocurrió el 15 de enero pero, sin embargo, las gestiones ante el Pami y el nosocomio en donde estaba internada no encontraron eco alguno, razón por la cual el caso fue trasladado a la Defensoría del Pueblo en marzo pasado, desde donde se realizaron intensas gestiones pidiendo su atención con carácter de "urgente y vital".


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