Las provincias que privatizaron sus bancos oficiales están reclamando un trato igualitario de parte del gobierno nacional ya que ven con recelo que el Banco Central esté otorgando redescuentos por montos elevados a entidades como el Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro) o el Banco Ciudad de Buenos Aires. Diputados por las provincias de Santa Fe, Mendoza y Santa Cruz, entre otras, presentaron un proyecto de ley por el cual se le reclama al Banco Central que se haga cargo de los respectivos fondos fiduciarios que se debieron crear oportunamente para limpiar las carteras de deudores, como paso previo a las privatizaciones.
Así lo confirmó el legislador reutemista Julio Gutiérrez, quien señaló que el proyecto que se presentó ayer en el Congreso plantea equiparar las situaciones de las provincias que privatizaron sus bancos con aquellas que no lo hicieron.
El diputado santafesino esgrimió que "si el Banco Central le está dando al Bapro 4.000 millones de redescuentos, no es justo que nosotros tengamos que seguir sosteniendo los fondos fiduciarios", un beneficio que también alcanza al porteño Banco Ciudad.
Uno de los impulsores más fuertes de esta iniciativa fue el ex gobernador mendocino Arturo Lafalla. Por lo pronto, el PJ aceptó elevar al Poder Ejecutivo las consultas sobre la viabilidad del proyecto que permitiría al Banco Central asistir con los fondos fiduciarios de las provincias y se informó que hoy podría haber una respuesta oficial.
Algunas versiones ligaban a este proyecto de muchas provincias con la demora y postergación para hoy del tratamiento de la ley de quiebras. Sobre este punto el propio Gutiérrez, uno de los firmantes del proyecto sobre los bancos, desmintió categóricamente cualquier relación. En la misma línea se expresó el rosarino Héctor Cavallero (PPS) quien agregó que la postergación de la aprobación de la ley de quiebras se debió a divergencias internas dentro del bloque radical. Por cierto que el pedido oficial de postergación surgió de la Unión Cívica Radical, cuyo bloque está prácticamente dividido entre bonaerenses y el resto de las provincias.
De todas formas, la Cámara baja se prepara para abrir hoy una sesión maratónica, que además de la ley de quiebras incluiría los cambios a la ley de subversión económica votada ayer en el Senado.
Además, los diputados deberán abordar el proyecto para importar gasoil sin pagar impuestos, otro similar para traer del exterior medicamentos, y posiblemente la ratificación del decreto que reemplazó al CER.
Si bien los cambios a la ley de quiebras aparecen rodeados de suficiente consenso, el resto de los proyectos en discusión siguen sumergidos en un clima de desacuerdo.
Encima, el bloque de diputados justicialistas debe todavía discutir la modificación a la ley de subversión económica, sobre la cual persisten las diferencias. Quien no se amilana es el diputado duhaldista José María Díaz Bancalari quien aseguró que "mañana (por hoy) se aprueban" estas leyes.
La postergación
Una muestra del clima de deliberación que atrapó a la Cámara baja fue que los bloques del PJ y la UCR corrieron a reunirse después de la fallida sesión de la tarde para tratar de pulir sus diferencias.
Oficialmente se buscó vincular la postergación a una conveniencia horaria, según la cual era mejor concentrar todos los proyectos hoy en una única sesión, en vez de haber comenzado ayer con quiebras y cerrar hoy con subversión económica.
Con respecto a la ley de quiebras, los diputados acordaron reincorporar el sistema conocido como "cram down", que permite a los acreedores de las empresas endeudadas presentar una oferta para quedarse con las acciones.
A su vez, los deudores están habilitados para competir con los acreedores a través de ofertas destinadas a recuperar sus empresas.
Por último, los legisladores obligarán a los tasadores a incorporar los bienes intangibles, como el valor de las marcas o la posición en el mercado, al evaluar el precio de una empresa para impedir una caída de su valor por su situación contable.
La ley deja 180 días corridos de suspensión de las ejecuciones por deudas, que se vencería en agosto porque la ley original fue votada en febrero.
Se mantienen 120 días de período de exclusividad de los deudores, cuando son los únicos habilitados en presentar una oferta para acordar con los deudores y recuperar la empresa.
La Ciudad
