La derogación de la ley de subversión económica, uno de los puntos más urgentes de los 14 que se comprometió a cumplir el gobierno nacional con los gobernadores, podría empantanarse en el Senado. El primer traspié para el ministro de Economía, Roberto Lavagna, llegó de la mano de la resistencia de los miembros de la Cámara alta, que entienden que la eliminación de la norma beneficiará a ex funcionarios y banqueros investigados por la Justicia, como Domingo Cavallo, Carlos Rohm, Rubén Beraja y Carlos Bastos.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, señaló ayer que el gobierno está negociando con los senadores la redacción de un proyecto común que cumpla el objetivo de cubrir las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin que signifique "garantizar la impunidad de nadie".
Sin embargo, las dudas de los legisladores tornan altamente improbable que la derogación de la ley se trate hoy, tal como confiaba el gobierno. El ánimo contrario a la supresión de esa norma creció luego de que la Justicia Federal le hiciera llegar al Senado una lista con los beneficiados por la sanción ; Domingo Cavallo, Pedro Pou, Carlos Bastos y Rubén Beraja.
En la nómina remitida por la Justicia Federal de la ciudad de Buenos Aires a pedido de algunos senadores aparecen todas las causas abiertas en base a la ley 20.840 de subversión económica y que quedarían desactivadas con su derogación. Además, en varias de esas causas aparece el Banco Central de la República Argentina como querellante. Esas investigaciones involucran un monto de "miles de millones de dólares", según confesó un legislador.
Senadores rebeldes
La información remitida por la Justicia fue definitoria para que el radicalismo anunciara el martes que no apoyará la derogación de la controvertida norma y para que sectores rebeldes del PJ ratificaran su voluntad de no acompañar la sanción.
Precisamente uno de ellos, el riojano Jorge Yoma, fue el que pidió a la Justicia Federal que remita todas las causas cursadas por la ley 20.840, en donde aparecen, además de los mencionados, empresas como Repsol-YPF, Ferrylíneas Argentinas SA y Banco De los Andes, e incluso el fallecido empresario Alfredo Yabrán.
"No voy a votar una amnistía para los banqueros, mucho menos cuando aún no resolvieron cuándo y cómo les devolverán la plata a los ahorristas ", expresó Yoma.
Idéntica posición había anunciado poco antes su compañera de bancada Sonia Escudero, una de las más activas en el análisis técnico de la ley, quien dejó trascender que "de mi parte no existirá disposición a votar esta ley hasta que se resuelvan el corralito y el CER".
También adelantaron su reticencia los senadores por San Luis, Liliana Negre de Alonso y Raúl Ochoa, y por Santa Cruz, Cristina Fernández de Kirchner".
Tanto entre los rebeldes del PJ como en la UCR pareció además quedar desarticulada la alternativa de derogar la ley de subversión económica y transferir al Código Penal algunas de las figuras jurídicas que allí están tipificadas.
"Si derogamos la ley, aunque incorporemos las figuras jurídicas en el Código Penal, eso va a tener validez a partir de ahora, pero se caen las causas que están actualmente en curso", confesó una alta fuente del bloque oficialista.
La certeza de este planteo quedó sellada para los legisladores después de que algunos justicialistas sondearon a la jueza Romilda Servini de Cubría, que lleva la causa por la que está preso Rohm, para saber cuál sería el efecto de la derogación de la ley 20.840. "Si ustedes bajan la ley, se cae la causa inmediatamente y queda libre ", advirtió la jueza a un senador.
También quedarían desvinculados judicialmente Cavallo (causa 3526 de 1997), Pou (causa 11600 de 2001), Beraja (causa 826 de 2000), Bastos (causa 5252 de 1994) y Repsol-YPF (causa 4989 de 2002), entre otros, que hasta ahora han sido imputados en distintos procesos por haber cometido supuestamente delitos configurados en la controvertida norma.
Una vieja ley
Conocida también como "ley Graiver", la tipificación de la subversión económica fue creada y aprobada en 1974 durante el gobierno de Isabel Perón con la intención de condenar la financiación de la guerrilla.
Entre las descripciones que allí aparecen se mencionan las penas que corresponderán a quien "con ánimo de lucro o maliciosamente (...) destruyere indebidamente, dañare, hiciere desaparecer, ocultare o fraudulentamente disminuyere" el valor de sus empresas.
La derogación de la ley de subversión económica y la modificación de la ley de quiebras fueron los temas que trataron ayer los ministros con los jefes legislativos oficialistas.
De momento el consenso para la ley de quiebras se busca sobre cuatro puntos básicos: "cram down, extensión de exclusividad, participación más activa del juez y nuevos métodos de evaluación", señaló el jefe de Gabinete Jorge Capitanich.
Sobre este último punto dijo que existe "preocupación" de los legisladores por "evitar que el traspaso de las acciones a eventuales acreedores extranjeros se realice a precios baratos". El tema fue motivo de conversación durante una reunión que mantuvo ayer el ministro de Economía, Roberto Lavagna, con los economistas Carlos Melconian y Javier González Fraga.
La Ciudad
