Washington. - La administración Bush debe tomar una decisión crucial: aprobar la ayuda financiera y militar a Colombia a pesar del condicionamiento legal de suspenderla frente al empeoramiento de las violaciones a los derechos humanos, o suspenderla y dejar al país andino solo en la lucha contra la droga. La ley establece que el secretario de Estado, Colin Powell, debe reunirse con organizaciones de derechos humanos y discutir con ellas la situación en Colombia, tras lo cual debe certificar ante el Congreso si se registraron o no avances en cuanto a sancionar a los responsables y terminar con los vínculos entre fuerzas armadas y grupos paramilitares.
Sólo si Powell informa que hubo avances la ayuda financiera y militar de EEUU a Colombia puede ser desembolsada. Para el año 2002 están aprobados 625 millones de dólares para la Iniciativa Regional Andina, la gran mayoría de la cual sería para Colombia.
Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), Washington Office on Latin America y media docena de reconocidas organizaciones de derechos humanos más presentaron ante altos funcionarios del Departamento de Estado, el viernes pasado, los resultados de sus investigaciones, independientes entre sí, que concluyeron en forma unánime que los condicionamientos no fueron cumplidos.
En los primeros diez meses de 2001, la Defensoría del Pueblo de Colombia registró 92 masacres, definidas como el asesinato de tres o más personas en el mismo lugar y al mismo tiempo, la mayoría de las cuales se atribuyeron a los grupos paramilitares, de acuerdo a información de HRW. Según las organizaciones, el gobierno de Colombia "rara vez" ordenó a las fuerzas armadas actuar para evitar las masacres por parte de los paramilitares. Los testigos de la masacre del 17 de enero en Chengue, Sucre, dijeron a los investigadores del gobierno que varias unidades del ejército de Colombia habían hecho caso omiso cuando vieron a paramilitares fuertemente armados caminando hacia el pueblo.
El diario The Washington Post relató sobre esta masacre que los paramilitares "fueron matando a los hombres uno por uno aplastándoles la cabeza con piedras pesadas. Cuando acabaron, quedaron veinticuatro hombres muertos en charcos de sangre". La Procuraduría cursó un expediente disciplinario contra el brigadier general de la armada Rodrigo Quiñones, en ese momento al mando de la primera brigada de infantería, por ignorar la información detallada recibida con antelación sobre los movimientos de los paramilitares cerca de Chengue. Quiñones no fue condenado. Posteriormente fue ascendido a jefe del estado mayor de la armada. "Como demostró el caso Chengue, ciertas unidades militares y destacamentos policiales continuaron promoviendo, apoyando y tolerando a los grupos paramilitares, colaborando con ellos y beneficiándose de ellos, tratándolos como una fuerza aliada compatible con la suya", señala HRW.
Coordinación activa
Agrega que durante operaciones militares hay "coordinación activa" entre unidades gubernamentales y paramilitares, que intercambian inteligencia, incluidos los nombres de presuntos colaboradores de la guerrilla, y comparten combatientes, tal como soldados en el servicio activo dentro de unidades paramilitares y comandantes paramilitares albergados en bases militares.
La organización afirma que militares y paramilitares comparten el uso de vehículos y coordinan retenes de carretera, en los que se deja pasar habitualmente a combatientes paramilitares fuertemente armados. "En general, el presidente Andrés Pastrana y sus ministros de Defensa no tomaron medidas efectivas para establecer el control de las fuerzas de seguridad y romper sus vínculos persistentes con los grupos paramilitares", dice el informe.
La paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) expandió su radio de acción y su número de efectivos en 2001, lo cual llevó a que en junio su comandante, Carlos Castaño, anunciara que había renunciado al liderazgo militar para dedicarse a la organización de la rama política de la organización. (DPA)
La Ciudad
