El escándalo Enron pone a Bush en aprietos

El presidente George W. Bush propuso el viernes una serie de reformas para proteger a los trabajadores como los que perdieron sus jubilaciones con la bancarrota de Enron Corp.
Mientras tanto, un juez ordenó al equipo de trabajo de la Casa Blanca sobre política energética que explicara por qué no divulgará los detalles de sus reuniones con ejecutivos de Enron.
Bush anunció las propuestas reformas jubilatorias en un encuentro del Partido Republicano en White Sulphur Springs, lo que subraya la preocupación de su partido de que la caída de Enron -un gran contribuyente a las campañas electorales de Bush- pudiera afectar a los republicanos en las elecciones legislativas del 5 de noviembre.
El gobierno niega que haya concedido favores especiales a Enron, que hizo contribuciones por cerca de 623.000 dólares a las campañas de Bush desde 1993.
Miles de trabajadores de Enron perdieron sus empleos y sus ahorros de jubilación cuando el gigante de la energía comenzó a derrumbarse el año pasado en medio de alegatos de que engañó a los inversores respecto a sus finanzas, mientras altos ejecutivos lograron grandes ganancias vendiendo sus acciones.
En una serie de propuestas al Congreso, Bush pedirá que se prohíba a los ejecutivos empresariales vender acciones de la compañía durante períodos de "suspensión", como los que impidieron a los trabajadores de Enron vender mientras las acciones de compañía caían el año pasado.
Enron se declaró en bancarrota el 2 de diciembre. "Si es bueno para el marinero, debería ser bueno para el capitán", dijo Bush.
El plan de reforma jubilatoria de Bush permitiría a los trabajadores vender acciones con las que la empresa contribuye a sus planes de pensión y diversificar sus posesiones en otras opciones de inversión, luego de tres años de participación en el plan de su compañía.
Un grupo que demanda a la Casa Blanca para obtener los registros de reuniones secretas del equipo de trabajo energético, encabezado por el vicepresidente Dick Cheney, dijo el viernes que un juez federal ordenó al grupo explicar el argumento constitucional que apoya su negativa a divulgar detalles de esas reuniones.
El gobierno ha reconocido que representantes de Enron estaban entre los expertos del sector con los que la fuerza de trabajo se reunió el año pasado, cuando estaba diseñando la política energética de la Casa Blanca.
Sin embargo, ha rehusado divulgar otros detalles de las operaciones del equipo de trabajo, tales como los nombres de las personas que consultó, diciendo que dañarían el derecho constitucional del presidente a obtener consejos honestos.
El juez de distrito Emmet Sullivan ordenó el jueves al equipo que explique sus argumentos para el próximo martes como parte de un caso presentado por Judicial Watch, una firma legal de interés público.
Los demócratas han cuestionado los estrechos vínculos de Bush con Enron y sus altos ejecutivos y se preguntan si las reuniones secretas de Cheney condujeron a una política favorable para la compañía.