Cañada de Gómez. - En una habitual reunión de la Asociación de Empresarios del Sur de Santa Fe (Adeessa), los pequeños y medianos comerciantes de esta zona de la provincia comenzaron a dar batalla contra la radicación de los grandes grupos económicos al presentar el primer estudio sobre las consecuencias directas que ocasionan sus radicaciones.
Distorsión de la genuina competencia, abuso de la posición dominante, desplazamiento del comercio local, desempleo, exclusión social de comerciantes, tendencia al oligopolio y monopolio, concentración y la no reinversión en las poblaciones, constituyen los puntos claves de la tarea.
El trabajo -elaborado por una comisión coordinada por la Fundación para el Desarrollo de Cañada de Gómez- se expuso ante una veintena de entidades gremiales empresarias de ciudades como Villa Constitución, Casilda, Pérez, Armstrong, Cañada de Gómez, Carcarañá, entre otras del sur de la provincia.
La comisión viajará esta semana acompañada por autoridades locales para hacer una presentación formal del estudio a funcionarios provinciales. El análisis indica que los rubros comerciales amenazados son alimentos, bebidas, vestimenta, artículos de limpieza, electrodomésticos, artículos de bazar, farmacia, librería, pintura y juguetería, entre otros.
Para los comerciantes, "el Estado debe regular porque los mercados son imperfectos y porque está fuera de discusión la distorsión que provocan los grupos económicos financieros en la genuina competencia" y sostienen que los recursos "deben quedar en las poblaciones".
Las propuestas serán también elevadas a los municipios, que deberán cumplir un rol activo en lo que se refiere al inicio de estudios sobre impacto ambiental, urbanístico, social y económico. También determinar parámetros como domicilio y capital al que pertenezcan las personas con residencia en la ciudad.
El estudio sugiere que se comience a reglamentar la apertura y cierre de los comercios en una jornada laboral no mayor a las doce horas con descanso para el domingo, y aconseja que los puntos sean tratados en una legislación provincial para la totalidad de los rubros comerciales.
"Los grupos inician una competencia destructiva porque comienzan a vender por debajo del costo y se convierten en únicos demandantes de determinados productos y manejan el mercado. Hay un desplazamiento y no una competencia genuina", señaló el expositor del trabajo, Horacio Bessone.
Protección
Los derechos constitucionales estarían protegiendo los intereses de los comerciantes, quienes sostienen que "la libertad de comercio tiene límites en lo que se refiere al principio de legalidad, racionabilidad, la defensa de la competencia y los derechos de la nueva generación".
El análisis de la tarea abarcó una dimensión productiva y otra institucional, y fue pensado desde la problemática provincial donde hay ciudades invadidas por grupos económicos y pequeñas poblaciones del interior que aún no fueron atacadas.
"Estos grupos no invierten en las ciudades y hay experiencias de conglomerados importantes que no han permitido la radicación de las empresas. Hay un caso específico de una ciudad de dos millones de habitantes en Estados Unidos que tomó esa decisión", acotó Bessone.
"Evidentemente el proceso de globalización está teniendo cada vez más detractores y críticos. Hay personalidades e intelectuales que vienen cuestionando los procesos de concentración y las políticas que aplica el Fondo Monetario Internacional (FMI)", dijo Bessone, quien opinó que "tiene que ser el Estado quien regule las relaciones interinstitucionales".
Posteriormente, el intendente cañadense Amílcar Abate -uno de los fundadores de Adeessa- planteó llevar la investigación a la esfera de las autoridades provinciales.
La Ciudad
