Una medida cautelar que agrava la inseguridad jurídica

Denuncian a la jueza Marta Gurdulich por irregularidades en un fallo

La jueza Marta Gurdulich, a cargo del juzgado de primera instancia de distrito de la 13ª nominación, dictó ayer un insólito fallo contra Editorial Diario La Capital S.A., en el cual ordena la suspensión del aporte de u$s 9.000.000 que los socios de la misma efectuaron a esta sociedad en bienes inmuebles. La escandalosa decisión fue tomada en un juzgado ajeno (el de la 4ª nominación), que interinamente estaba a su cargo por vacancia, pero sólo para decretos de mero trámite.
Hace aproximadamente 20 días, una asamblea de Editorial Diario La Capital resolvió aceptar una integración de capital que se encontraba pendiente, mediante la transferencia de 40 propiedades urbanas y rurales, más la cesión de un crédito por u$s 2.500.000. Con esta incorporación de activos físicos, el diario había dado un importante paso en el proceso de reestructuración de sus pasivos.
La situación general de la economía nacional, más la particular recesión en la industria gráfica y un manejo histórico de los anteriores directorios destinado a un constante retiro de fondos, habían provocado un estado de cesación de pagos en la sociedad que originó su presentación en concurso preventivo de acreedores.
El aporte de u$s9.000.000 que se había decidido permitía sanear la empresa haciendo frente a sus obligaciones con los acreedores y protegerla de la quiebra. Se trató de una actitud atípica por parte de los accionistas de Editorial Diario La Capital, ya que en este tipo de procesos concursales no es usual que los dueños -frente a un estado de falencia- incorporen más capital para fortalecer y sanear la empresa.
La celeridad con que actuó la doctora Marta Gurdulich ha causado sospechas en el ámbito tribunalicio, ya que excediendo sus facultades, en sólo 45 minutos leyó las casi mil fojas que tiene el expediente y resolvió una temeraria medida cautelar que podría haber colocado a la empresa en una peligrosa situación de liquidación al no poder contar con el capital que los accionistas habían decidido integrar.
Se suma a ello el desconocimiento de aspectos legales esenciales y la carencia de argumentos jurídicos de su fallo, ya que pretende sostener el mismo en diferencias de valuación de los inmuebles aportados, cuando en realidad existe el compromiso de salvar cualquier diferencia de valuación que pudiere existir mediante la incorporación adicional de más activos a satisfacción de la autoridad de aplicación.
La cuestión es más grave aún debido a que este insólito fallo responde a los intereses de un accionista -Marta Noemí Díaz- quien sólo tiene el 2% de las acciones y que además no cumplió con la integración de su aporte de capital, y de uno de los directores -Carlos María Amadeo Lagos- quien reiteradamente ha procurado acciones en contra de la continuidad de la empresa y posee varias denuncias penales por diferentes tipos de defraudaciones en su perjuicio.
La circunstancia de que la jueza se haya abalanzado sobre el expediente sin contemplar el necesario sorteo, además de la celeridad en su resolución -con tan sólo 45 minutos de estudio para resolverlo- ha provocado una gran preocupación ante la inseguridad jurídica que esto representa y, más aún, si se advierte que por su desprolijidad resolutiva la medida podría implicar, incluso, la anulación del trámite concursal.
La falta de seguridad jurídica para los inversores ha sido motivo de preocupación por parte de algunos legisladores nacionales y provinciales que también han comprometido una profunda investigación sobre la jueza Gurdulich.

La jueza de primera instancia Marta Gurdulich, objetada.