Cinco muertos, más de 150 heridos entre policías y manifestantes, 58 detenidos y cuantiosos daños materiales fue el resultado de los violentos enfrentamientos entre los miles de manifestantes que, desde la madrugada del miércoles, se autoconvocaron en la Plaza de Mayo y sus alrededores para reclamar la renuncia del presidente Fernando de la Rúa.
Si bien los incidentes comenzaron en la mañana, cuando la Policía Federal intentó desalojar a unas decenas de manifestantes que habían permanecido durante toda la noche frente a la Casa Rosada, los choques se fueron sucediendo a lo largo del día y se desplazaron a las distintas vías de acceso a la tradicional plaza, como las diagonales sur y norte, la avenida de Mayo, el obelisco y la avenida Paseo Colón, donde también se produjeron corridas, saqueos y enfrentamientos.
La brutal represión, justificada en el cuestionado "estado de sitio" dictado por el gobierno nacional, incluyó el despliegue de carros hidrantes, efectivos de la Montada y la Infantería, helicópteros y motos, que arrojaron gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes.
La gente respondió con piedras y palos, incendiaron vallas, tachos de basura y rompieron vidrieras, ventanales e instalaciones de entidades bancarias, locales comerciales, móviles policiales, ambulancias del Same y vehículos particulares.
Una escena repetida
Así, a lo largo del día, las escenas, casi idénticas, se sucedieron y se repitieron en la Plaza de Mayo y sus alrededores, el Obelisco, el Congreso y calles adyacentes: los manifestantes se movían de un lugar a otro al escapar de la represión, pero se mantenían siempre en el centro porteño.
Grupos de manifestantes, movidos por banderías políticas tan disímiles como la reivindicación de Fidel Castro, por un lado, y la del líder carapintada Mohamed Alí Seineldín, por el otro, coincidieron en enfrentarse con los grupos de choque de la policía, que los dispersaba con gases y balas de goma.
Los manifestantes (armados con palos, piedras y bombas molotov) retrocedían para reagruparse y volver a avanzar sobre la Casa de Gobierno, esquinas céntricas, calles laterales y otros puntos convertidos en focos de resistencia, mientras los bomberos de la Federal se declaraban desbordados para apagar las decenas de fogatas encendidas.
La violencia, lejos de aplacarse, se fue incrementado, en una escalada que hasta hoy a la madrugada arrojaba el dramático saldo de cinco muertos y más de 150 heridos (25 de ellos heridas de bala y el resto con politraumatismos y afectados por los gases) internados en los hospitales Argerich, Ramos Mejía y Durand.
Los incidentes se concentraron sobre todo en la zona del Obelisco y la avenida Corrientes, donde continuaron hasta entrada la noche: allí fueron incendiados un auto y al menos dos locales comerciales. También saquearon una hamburguesería McDonald's y un videoclub Blockbuster's.
Además, en esa zona fueron quemados numerosos vehículos, como cuatro camionetas del correo OCA, una sede de Rentas Bonaerense y otros vehículos en la esquina de Avenida Belgrano y Perú, más cerca de Plaza de Mayo, donde las corridas también siguieron hasta el anochecer.
En el barrio de Congreso, el comité nacional de la UCR también fue atacado y sus instalaciones destrozadas y quemadas en parte: los bustos de Hipólito Yrigoyen y Ricardo Balbín fueron destruidos.
Imagen desoladora
El panorama en el centro de la ciudad era desolador: el humo de los restos de las fogatas se mezclaba con la pesadez remanente de las decenas de bombas de gases lacrimógenas lanzadas durante el día y las calles parecían haber sufrido las consecuencias de un bombardeo, con vidrios, palos, residuos y toda clase de objetos esparcidos sobre el asfalto y las veredas.
Según indicó el director del Same, Marcelo Muro, uno de los jóvenes muertos falleció en la calle, sobre la Avenida de Mayo, otros dos en el Hospital Argerich y los dos restantes en el Hospital Ramos Mejía, uno de ellos cuando era intervenido quirúrgicamente.
Abuso de autoridad
Mientras seguía la represión, legisladores de la agrupación Alternativa por una República de Iguales (ARI), que lidera la diputada radical Elisa Carrió, presentaron una denuncia ante Servini en la que acusaron a De la Rúa, Mestre y Mathov por los delitos de doble homicidio, abuso de autoridad y lesiones (ver aparte).
Además, los legisladores denunciaron la ilegitimidad del estado de sitio que De la Rúa dispuso el miércoles y que constituyó una de las últimas medidas de su inconcluso mandato presidencial.
Fuentes judiciales dijeron que el proceso penal abarcará también al jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, que tampoco podrá abandonar el país.
También el juez de instrucción Roberto Grispo inició un expediente por la privación ilegal de la libertad en que habrían incurrido los policías que, en medio de los operativo, apresaron a decenas de manifestantes. Pero se descuenta que todo quedará concentrado en el juzgado de Servini.
Para entonces, se multiplicaban los recursos de hábeas corpus interpuestos ante la Justicia.
La Ciudad
