Bruselas. - Italia cedió ayer ante las intensas presiones de sus socios en la Unión Europea y dijo que levantaría su veto a la creación de una orden de arresto válida en todos los países de la Unión, presentada como una importante arma en la lucha contra el terrorismo.
El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, cuyas objeciones al plan pusieron a Roma en riesgo de quedar aislada dentro del bloque de 15 países, revocó su posición tras mantener conversaciones con su homólogo belga, Guy Verhofstadt. "Italia acepta la orden de arresto europea como fue definida por los ministros de Justicia y del Interior el 6 de diciembre", dijo Berlusconi a la prensa.
Sin embargo, dijo que Italia tendría que cambiar su Constitución para adaptarla a los nuevos procedimientos, indicando que su país podría ser más lento que los otros 14 en implementar la llamada "vía rápida" para la orden de arresto.
"Otras naciones han establecido el 2004 como fecha para implementar ese acuerdo y esperamos una fecha aproximadamente alrededor de esa (...) aunque podría ser después", dijo Berlusconi, quien inicialmente pretendía posponer la entrada en vigor hasta 2008. Fecha para la cual habrán prescripto muchas causas en su contra. "Si no podemos cambiar la Constitución, entonces permaneceremos fuera de este acuerdo al igual que Gran Bretaña y otros han permanecido fuera del euro, por ejemplo", arguyó Berlusconi, manteniendo así abierta una vía de escape para no aplicar en lo inmediato la nueva normativa europea. Por su parte, el primer ministro belga expresó satisfacción ante el cambio de posición de Berlusconi.
El miedo del Cavaliere
El premier italiano, conocido en Italia por su título honorífico de Cavaliere, así como varios de sus hombres ligados al grupo Mediaset del premier, son investigados judicialmente por diversos delitos fiscales y financieros. El peligro de recibir una "euro orden" con su nombre llevó al premier italiano a la maniobra de resistencia que ayer, luego del unánime rechazo europeo, resignó. Inicialmente, el gobierno Berlusconi objetaba casi todos los 32 delitos tipificados en el plan europeo, incluyendo desde acciones típicamente ligadas al terrorismo hasta figuras como reciclaje de dinero negro y otras similares. Esta negativa italiana provocó fuertes roces con los otros 14 miembros europeos y las críticas contra Berlusconi en la prensa, europea e italiana, fueron inclementes. "El daño a la imagen del país ya está hecho, y la vocación europeísta de Italia quedó en duda", podría ser una síntesis de las críticas.
En los tres meses posteriores a los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, los 15 miembros de la Unión Europea (UE) han acordado, con una rapidez sin precedentes, un impulso radical a la cooperación judicial y policial, tradicionalmente un terreno exclusivo de los gobiernos nacionales.
Bajo la vía rápida del programa, las autoridades judiciales de cualquier Estado de la UE pueden emitir órdenes de arresto válidas en los otros países. Los sospechosos detenidos bajo esas órdenes deben ser entregados dentro de un plazo de 60 días al país que lo busca.
La semana pasada, la UE adoptó una definición común de terrorismo y una lista de grupos terroristas, medidas que facilitarán la cooperación legal entre los estados miembros. A diferencia del Departamento de Estado norteamericano, la UE no hará pública su lista.
En principio, la orden europea incluye todos los delitos. Pero para una lista de 32 delitos específicos, la UE ha abolido el requisito de que el acto ilegal debe ser reconocido en ambos Estados miembros. Esto es conocido como "doble incriminación".
La lista incluye asesinato, terrorismo, participación en una organización criminal, explotación sexual de menores y pornografía infantil, cibercrímenes, tráfico ilícito de personas, armas y explosivos, materiales nucleares y drogas, comercio ilícito de especies en peligro de extinción, secuestro, toma de rehenes, robo organizado y/o armado, comercio ilícito de obras de arte y otros tesoros culturales, violación, incendio premeditado, sabotaje, racismo y xenofobia, corrupción y fraude. Italia había puesto objeciones, en especial, a la inclusión de delitos financieros en la lista.
Cualquier estado miembro de la UE podría pedir a otro la entrega de un sospechoso de haber cometido cualquier delito. Para extraditar a un sospechoso de un delito no incluido en la lista, la infracción debería tener una sentencia mínima de 12 meses de cárcel. Para los delitos incluídos en la lista, la sentencia mínima debe ser de tres años de prisión.
Si el sospechoso está de acuerdo en ser entregado, el proceso no tomaría más de 10 días. En caso contrario, hay un límite de 60 días para la entrega en casos normales, que podría extenderse a un máximo de 90 días en situaciones excepcionales. (Ansa)
La Ciudad
