El Frente Nacional contra la Pobreza por el Trabajo y la Producción tiene todo dispuesto para realizar los días viernes 14, sábado 15, domingo 16 y lunes 17 la consulta popular a nivel nacional denominada "Ningún hogar pobre en la Argentina".
En el frente organizador están representadas la Federación Agraria Argentina (FAA), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), la Asamblea de la Pequeña y Mediana Empresa (Apyme), el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC) y la Federación Universitaria Argentina (FUA), y un centenar de organizaciones de todo el país.
Los organizadores van a disponer aproximadamente de veinte mil urnas en todo el país (más de 500 en Rosario), donde los ciudadanos podrán concurrir con su documento de identidad y depositar su voto, respondiendo si están o no de acuerdo en "terminar con la pobreza en la Argentina e iniciar el debate sobre el Seguro de Empleo y Formación en el Congreso nacional y su aprobación mediante una ley que obligue al Estado a implementarlo".
Cuando los votantes que concurran en forma "libre y voluntaria" se inclinen por el "sí", estarán propiciando la creación de un Seguro de Empleo y Formación de 380 pesos para todos los jefes o jefas de hogar desocupados, una remuneración por hijo -de 0 a 18 años- de 60 pesos para todos los trabajadores y una asignación para las personas en edad jubilatoria que no tengan cobertura previsional.
Los organizadores de la consulta -que en Rosario fue declarada por resolución del Concejo "de interés municipal"- aseguran que "la Argentina es un país con muchas riquezas y cada año produce 8.300 pesos por habitante", y denuncian que "hay 14 millones de pobres, mientras unas doscientas empresas y grupos económicos están haciendo fortuna con la desocupación, explotando a la gente, evadiendo impuestos, corrompiendo políticos y llevándose la plata hacia afuera".
Obtención de fondos
A la hora de precisar de dónde podrían salir los fondos para pagar el Seguro de Empleo y Formación, precisaron varias alternativas, tales como "el incremento de recaudación por expansión del consumo y una mayor actividad, la restitución de los aportes patronales, la reasignación de los planes sociales, la presión sobre el consumo superior, la eliminación de los privilegios en los impuestos a las ganancias y la reestatización del sistema de seguridad social".
Juan José Sisca (Apyme) y Héctor Quagliaro (ATE-CTA) aportaron precisiones a La Capital respecto de la consulta.
Sisca dijo que "para garantizar la transparencia de la votación, habrá veedores internacionales y los ciudadanos podrán consultar dónde votar en todos los centros comunitarios".
El dirigente de la pequeña y mediana empresa recordó que "la idea de esta consulta arranca en la Marcha Grande de Rosario a Buenos Aires, que se realizó en el 2000".
Al reseñar la renuencia de las autoridades nacionales para impulsar esta consulta, no obstante que está contemplada en la Constitución del 94, Sisca aseguró que "el gobierno tiene terror de consultar estos temas, porque eso significaría tener que impulsar un shock distributivo que significaría una inyección muy importante de dinero en el mercado interno".
A su turno, Quagliaro precisó que "con esta consulta se busca enfrentar el estado de pobreza y desocupación que este modelo ha generado, que a esta altura ya es extremadamente preocupante".
"El modelo de economía libre de mercado en nuestro país ha servido nada más que para favorecer a los grupos económicos más concentrados, que son los que se quedaron con los servicios estratégicos del Estado, como los combustibles y las comunicaciones", finalizó el dirigente estatal.
La Ciudad
