Al filo de la expiración del período ordinario de sesiones, que concluyó a la medianoche, la Legislatura aprobó en maratónicas sesiones dos leyes clave para el futuro inmediato de la economía santafesina: la moratoria de impuestos provinciales y el mensaje del Poder Ejecutivo que aprueba el último pacto fiscal, regula el manejo de bonos y prorroga dos años la vigencia de la emergencia económica y previsional que rige en la provincia desde fines de 1999.
Los senadores santafesinos convirtieron en ley por unanimidad el régimen de regularización y facilidades de pago para las deudas de los tributos provinciales cuyo vencimiento hubiese operado hasta el 30 de setiembre del 2001. La iniciativa había recibido media sanción de la Cámara baja en la misma madrugada de ayer y fue girada inmediatamente al Senado, que la aprobó sobre tablas y a libro cerrado.
El texto, redactado por el diputado radical Jorge Alvarez y consensuado con el bloque justicialista de esa cámara, condiciona la adhesión a la moratoria a que el contribuyente se encuentre al día con los vencimientos posteriores a aquella fecha y al pago de un anticipo del 5%.
Los tributos comprendidos son ingresos brutos, sellos, immobiliario urbano y rural, patente única de vehículos, actividades hípicas, aportes al Instituto Becario, contribución de mejoras y tasas retributivas de servicios. Los planes de pago se extienden hasta 60 meses.
Bonos y emergencia
En tanto, durante una extensa sesión que comenzó cerca de la medianoche del jueves y que se prolongó hasta las primeras horas de ayer, la Cámara de Diputados de la provincia transformó en ley con las enmiendas que le había introducido horas antes el Senado el mensaje de la Casa Gris que homologa el acuerdo fiscal firmado entre la provincia y la Nación. La norma también reglamenta la utilización de las Lecop y prorroga la emergencia económica y previsional en la provincia por el término de dos años.
El dictamen aprobado por los senadores introdujo algunas modificaciones al mensaje original. Entre ellas, una limitación a amplias facultades que el proyecto confería al Ejecutivo para efectuar correcciones presupuestarias en los tres poderes del Estado, y la extensión de la obligatoriedad de aceptar bonos a las empresas concesionarias de servicios públicos. Además los senadores limitaron la extensión de la emergencia previsional hasta que sea eliminado el déficit de la Caja de Jubilaciones "o hasta el 31 de diciembre de 2003" (el mismo plazo que regirá para la emergencia económica).
El despacho aprobado por el Senado fue convalidado en la Cámara baja por los diputados de los bloques del justicialismo, los radicales de Convergencia (usandizaguismo) y el Partido Demócrata Progresista. En cambio se opusieron -fundamentalmente por sus disidencias con la extensión de la emergencia previsional- las bancadas del socialismo y los Radicales en la Alianza (d'ambrosismo).
La Ciudad
