Stornelli quiere investigar a funcionarios por presunto empleo de píldora abortiva

También el titular de la Auditoría General, Rodolfo Barra, se pronunció contra el fármaco aprobado en los EEUU

El fiscal federal porteño Carlos Stornelli solicitó que se investigue si funcionarios nacionales autorizaron la venta una píldora abortiva que, incluso, se utilizaría en programas oficiales de salud reproductiva. Stornelli pidió la apertura de un sumario para que se determine si hubo responsabilidad penal de las autoridades sanitarias por autorizar la venta de un abortivo conocido como "la píldora del día después".
El requerimiento fue formulado al juez federal Sergio Torres, ante quien quedó radicada la denuncia presentada semanas atrás por cuatro abogados de la Capital Federal contra la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat).
El uso de la píldora, aprobada hace más de un año en los Estados Unidos, recibió ayer una dura crítica del titular de la Auditoría General de la Nación, Rodolfo Barra, que la consideró "una grave violación a la legalidad" y apoyó, de ese modo, la posición de los abogados que intentan impedir su distribución en la Argentina.
"El principal derecho de los demás es el derecho a existir, el derecho a la vida. Todo ser humano tiene el derecho a la vida", manifestó Barra en su escrito, de más de 30 carillas, que fue entregado ayer a la mañana al Juzgado Federal Nº 12, a cargo de Torres. En su dictamen, consideró el uso de la píldora como "una grave violación a la legalidad y a la correcta gestión en el ejercicio de las competencias pertinentes". También, recomendó "revisa r las autorizaciones concedidas para la fabricación, distribución y comercialización" de ese tipo de medicamento.
Los abogados querellantes, Carlos Esteva, Roberto Castellano, Eduardo Sequeiros y Luis Pilatti, sostuvieron que las autoridades sanitarias incumplieron con sus deberes, porque, "con el fin de colaborar o promover la práctica abortiva" autorizan "fármacos que no son medicamentos porque no hay enfermedad alguna".
La denuncia hizo referencia a la píldora que impide que el óvulo ya fecundado se implante en el útero, por lo que calificaron esa práctica como "criminal de acuerdo al Código Penal".
Se sostiene que "el fármaco es de venta libre y se utiliza en los llamados programas de salud reproductiva". (DyN y Télam)