Millonaria demanda al municipio de dos ex empresas de transporte

La Saladillo y la Mosconi acusan a la Intendencia de haberlas llevado a la quiebra

Dos empresas que en el pasado explotaron líneas del transporte urbano de pasajeros de la ciudad, y que luego quebraron y dejaron de prestar el servicio, plantearon individualmente sendas demandas judiciales contra la Municipalidad de Rosario que, en conjunto, llegan a los 7,3 millones de pesos.
El planteo es por daños y perjuicios ya que las empresas se consideran perjudicadas por la política del Ejecutivo municipal respecto a la prestación del servicio, en materia tarifaria, y por una excesiva flexibilidad en cuanto al otorgamiento de pases libres a miles de pasajeros.
Las demandas fueron planteadas por las ex empresas Saladillo y General Mosconi, que durante años fueron concesionarias de la Municipalidad en la explotación del servicio del transporte urbano y dejaron de hacerlo cuando la Justicia les decretó la quiebra, agobiadas por las deudas y los compromisos incumplidos.
Según fuentes judiciales consultadas por este diario, la ex Saladillo reclama 2,3 millones de pesos, pero en el caso de la ex General Mosconi el reclamo asciende a 5 millones. Según especulaban ayer distintos operadores judiciales, en el hipotético caso de que ambas ganaran el juicio contra el municipio, algo que podría llevar años, al final estarían en condiciones de cobrar una cifra cercana a los 10 millones de pesos por los intereses y otros rubros.
Tanto la ex Saladillo como la ex General Mosconi sostienen que la Municipalidad provocó una situación de crisis que inevitablemente las llevó al quebranto. Esto no sólo les impidió continuar con la explotación de algunas líneas del servicio del transporte de pasajeros, sino que las sacó de la competencia con otros concesionarios y virtualmente las hizo desaparecer como empresas.
Entre los factores que supuestamente los llevó a esa situación citan que la tarifa no aseguraba ni siquiera la cobertura de los costos de explotación del servicio y mucho menos la amortización del capital que ponían en juego para poder prestarlo. Esto, según las demandas que presentaron los abogados Gustavo Domingo y Alejandro Giordana, solamente les garantizaba una rentabilidad mínima, cuando no nula, que las empujó al abismo.
Las demandas citan puntualmente algunos factores que supuestamente llevaron a las empresas a la situación de quebranto. Entre ellas destacan "las permanentes demoras" de la Municipalidad para conceder los aumentos de tarifa solicitados por los empresarios y las cámaras del transporte en los últimos 10 años, la incorporación del guarda en 1994 (lo que duplicó la erogación de las empresas en materia de salarios), los escasos márgenes de ganancia de los empresarios y los 50 mil pases gratuitos otorgados por el municipio a los jubilados y otros beneficiarios.
El litigio planteado por Saladillo contra la Municipalidad recaló en el juzgado en lo Civil y Comercial Nº14, cuya titular es Mercedes Lotti, en tanto que el de General Mosconi fue a parar al juzgado Nº9, que está a cargo de Ricardo Heitz. Los procesos judiciales están en marcha pero son recientes y la Municipalidad todavía no habría realizado su descargo.

La Saladillo inició un juicio por 2,3 millones de pesos.