Los padres que adeuden cuotas alimentarias a sus hijos quedarán inscriptos en una base de datos en la Justicia, que tendrá facultad para disponer aquellas sanciones o inhabilitaciones que considere pertinentes. La medida tomó fuerza de ley anteayer cuando la Cámara de Diputados de la provincia aprobó por unanimidad el proyecto de la legisladora radical Alicia Tate que crea el Registro de Deudores Alimentarios. "Esta base de datos no pretende escrachar a los incumplidores, sino que tomen conciencia y paguen lo que deben", dijo la diputada.
En la provincia hay 500 juicios al año en los que se reclama que padres, madres o hermanos cumplan con abonar la cuota alimentaria para sus hijos o hermanos menores, según el caso. El problema se da generalmente en los casos de padres que ya no conviven juntos (separados de hecho o divorciados), y son los papás los que incumplen con las obligaciones. "El 95 por ciento de los hijos de padres divorciados decide vivir con sus madres, y el 70 por ciento de ellas termina haciendo juicio contra sus ex esposos porque no pagan la cuota alimentaria", aseguró Tate.
Este escenario propició que se ideara un proyecto que funcione como un elemento de presión efectivo. "Se buscó una herramienta que sin ser un castigo sirva para que se pague lo que se debe. Además, está comprobado que los más incumplidores son los que más tienen, me refiero a empresarios, profesionales o comerciantes de altos ingresos que pueden y no quieren", reveló. Lo cierto es que después de 20 meses de idas y vueltas, y de algunas modificaciones realizadas por el Senado, el proyecto ya se convirtió en ley.
Entre los puntos principales la ley establece que el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (tal es su nombre completo) está creado en el ámbito de la provincia y dependerá de la Corte Suprema de Justicia.
Sólo se podrá inscribir a los deudores que no hayan pagado tres cuotas alimentarias sucesivas o cinco alternadas en dos años, se trate de alimentos provisorios o definitivos.
A partir de esta instancia, los organismos provinciales que otorguen habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, prórrogas o renovaciones, deberán solicitar el certificado al citado registro. Si solicitan una licencia de conducir para trabajar, se les dará pero sólo por 90 días.
En los tres poderes del Estado no se podrán designar magistrados y funcionarios que se encuentren incluidos como deudores. Además, los proveedores y todos los organismos de la provincia deberán adjuntar a sus antecedentes una certificación anual en la que conste que no figuran en el registro. Estar inscripto como moroso alimentario también resultará una imposibilidad para aquellos que deseen postularse como candidatos en "cualquier categoría electoral provincial, municipal o comunal".
En todos los casos, las bajas del registro sólo se dispondrán por intermedio de la Justicia cuando se acredite el pago adeudado por los morosos o a pedido de quien requirió dicha inscripción.
El antecedente más directo de este tipo de registros se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En marzo del año pasado se sancionó en la legislatura porteña la ley 269 por la cual se creó el Registro de Deudores Alimentarios. Las restricciones que les caben a los incumplidores son similares a las que incluye Tate en el proyecto provincial.
Con respecto a Rosario, el Concejo Municipal llevó adelante un proyecto en junio pasado -perteneciente a la frepasista Susana Bartolomé- que proponía un registro parecido, aunque no con la competencia de la Corte que tiene la ley recientemente aprobada. En esa oportunidad todo quedó en una audiencia pública donde se expusieron las distintas alternativas de esta problemática, y la cosa no pasó a mayores.
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La Ciudad
